El gobierno de Venezuela ya empezó a sabotear las firmas del referendo revocatorio, recogidas en tal cantidad que sobrepasaron las mínimas exigidas por la Constitución Bolivariana, con lo cual se demuestra que el presidente Maduro no tiene la menor intención de oír lo que tiene qué decir su pueblo, y perpetuarse en el podar como un dictador de izquierda, capaz de cometer los delitos más crueles con tal de quedarse, a pesar de que tiene el país arruinado y está rumbo a la mayor hecatombe económica que haya tenido que soportar una nación, cuyos únicos perjudicados son los ciudadanos, en nombre de quienes dice adelantar la revolución, que amenaza convertirse en la peor guerra civil de la historia de esa república que se gastó su riqueza subsidiando a unos países para que toleraran el socialismo y lo defendieran abrigándolo como su sistema.
Recientemente, Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, invocó la Carta Democrática de ese organismo de integración regional, pero solo logró que los cancilleres aprobaran un tímido llamado al diálogo entre gobierno y oposición, con la mediación de Unasur.
El secretario Almagro presentó un documento de 132 páginas, citando el artículo 20 de la Carta de la OEA para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, para según él “atender a la alteración del orden constitucional y cómo afecta gravemente el orden democrático” (del país), como lo versa el documento.
Y ciertamente, en Venezuela se ha roto la democracia al poner todos los obstáculos posibles al referendo revocatorio del que ha dicho el Gobierno que el 40% de las firmas son falsas.
El presidente Maduro se resiste a abandonar el poder y acude a todos los mecanismos para lograrlo, incluso irrespetado la propia Constitución Bolivariana. Desconoce el arraigo de los partidos que se le oponen aunque las evidencias muestran lo contrario y considera que el secretario general de la organización internacional hace uso fraudulento del artículo 20 para solicitar la Carta Democrática porque el mismo aplica para aquellos Estados miembros de la OEA cuando se haya alterado el orden constitucional, es decir, que afecte su orden democrático para proteger a los sistemas de los golpes de Estado. De aceptarse la propuesta de Almagro sería para dársela al gobierno legítimo y constitucional, en este caso, del presidente Nicolás Maduro, argumenta. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó a un consenso este miércoles en el que expresaron su apoyo al diálogo acompañado por Unasur entre el Gobierno y oposición en Venezuela. El embajador permanente de México en la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, destacó que todo Estado tiene derecho a elegir su sistema político sin injerencia desde el exterior, desconociendo el martirio a que está siendo sometido el pueblo venezolano, carente de alimentos y medicinas.
Es contradictorio que se permita que se abuse de lo que quieren los venezolanos y se impida un mecanismo democrático, como es el referendo.
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