Desde esta tribuna hemos insistido en que se les asignen puestos deliberativos a voceros de los desempleados, los independientes y los trabajadores informales en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL).
La tradición para la discusión, concertación o decisión de la fijación del incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y del auxilio de transporte, ha recaído en quienes solo hablan en nombre de los trabajadores de los sectores formales de la economía, de los empresarios a través de sus gremios y del Gobierno central. Por supuesto, las deliberaciones en relación con el SMLMV solo tienen la visión de quienes son retribuidos con salarios y prestaciones formales completos, con lo cual los efectos que en la economía produce el incremento del salario mínimo van mucho, pero mucho más allá del grupo concreto al que se dirige ese monto anual.
No deja de ser paradójico que en las mesas de concertación salarial no cuentan las voces de los desempleados, de los trabajadores de la economía informal, de los profesionales independientes y de los integrantes de la economía popular, quienes de una u otra forma resultan impactados por lo que ocurra con el trabajo formal y la aplicación de los porcentajes en que se incrementa el salario y demás prestaciones sociales. Como lo hemos dicho antes, abrirle un asiento a cada uno de estos sectores puede ayudar a ver el mundo del trabajo desde una perspectiva más real.
De hecho, la visión de quienes pertenecen a otros sectores de la economía puede contribuir a incluir, dentro de los análisis, aquellas realidades que imponen los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y otros fenómenos sociales que tienen relación directa con la productividad y la competitividad. Finalmente, estos factores influyen en las posibilidades de creación de más o menos empleos formales.
También debe considerarse la posibilidad de crear valores diferenciales en relación con los incrementos que se van a aprobar, en la medida que no es sincero que todos los trabajadores formales reciban incrementos iguales al que aprueben para el SMLMV, pues un incremento más allá de los niveles que nuestras pequeñas y medianas empresas pueden asumir, pone en riesgo la preservación de puestos de trabajo y restringe la apertura de nuevas plazas.
No puede ser que los factores para incrementar el salario mínimo sean las realidades de la inflación y el porcentaje de productividad acordado, pues decisiones uniformes pueden provocar un desequilibrio para las empresas pequeñas, con el riesgo del acrecimiento del desempleo.
Finalmente, también se haría una labor más equitativa si se establecieran valores diferenciales que tengan en cuenta los contrastes que hay entre las distintas regiones colombianas; no son iguales las plazas laborales de Bogotá que las de Buenaventura.
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