Los partidos políticos, ejes de la democracia en toda nación civilizada y médula de la representatividad popular perdieron el rumbo en Colombia, principalmente por los apremios electoreros y el sistema que exige otorgar avales para aspirar a diferentes cargos.
De ser unos faros ideológicos, los partidos pasaron a empresas electorales y no debaten en su seno los grandes temas nacionales como antes, cuando pertenecer a cualquiera de las grandes colectividades era un orgullo que costaba compromisos con la gente y esfuerzos enormes para ganarse la confianza ciudadana. Su función electoral estaba circunscrita apenas a la necesaria para renovar los cuerpos colegiados o para cambiar los titulares en las administraciones regionales, locales o nacionales.
En mayo de 2013, el Consejo Nacional Electoral llamó la atención a los partidos mediante un mensaje fuerte a sus directores, a los que les reprochaba los cambios a última hora respecto de la inscripción de candidatos a nombre de su colectividad, es decir, por dar o quitar avales como en feria para quienes aspiran a cargos públicos en el país. En una sentencia que dirimía la pérdida de investidura del en ese entonces gobernador de la Guajira, Kiko Gómez, el Consejo de Estado les pide responsabilidad, cordura y firmeza a los partidos políticos al otorgar avales: “Si bien es cierto que el aval es un requisito legal y constitucional sin el cual no se puede realizar la inscripción del candidato y, por ende, tampoco su elección, se debe tener en cuenta que como toda decisión política de los partidos políticos que aspiren a conquistar el poder público en las urnas, otorgar el aval debe ser el resultado de un proceso serio, democrático y razonado”.
A las puertas de nuevas elecciones regionales, los partidos no otorgan los avales después de un proceso serio y democrático, como lo pidió el Consejo de Estado, sino con descaro y a dedo, según la conveniencia de sus directivos, lo que ha motivado la inconformidad y renuncia de sus líderes más reconocidos como es el caso de Viviane Morales, en el Partido Liberal, y Carlos Fernando Galán, en Cambio Radical.
El caso de la candidatura a la Gobernación de Antioquia es grave, porque el Centro Democrático ofreció su aval al candidato que tuviera mayor aceptación y a última hora se lo negaron a la ganadora, que sepamos no por asuntos éticos sino por cálculo político, a pesar de que el mismo Consejo de Estado, en la directriz que mencionamos antes, dijo que “el aval que un partido político le da a un candidato no puede ser retirado de un momento a otro porque se supone que para eso existió todo un proceso previo de elección de la persona”. En una reunión de la Alianza Verde en Cali, hubo hasta patadas por un aval de un candidato a la Alcaldía.
Según el portal de la Misión de Observación Electoral, en el país hay más de 300 candidatos cuestionados por sus relaciones parapolíticas, guerrilleras, o por otros motivos éticos. La excusa esgrimida por quienes los avalaron es que no hay sentencia judicial en su contra, como si las fallas enormes de la justicia obligaran al resto de la gente a abandonar la decencia.
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