Barranquilla se convirtió la semana pasada en la única que propone sanciones económicas a los usuarios de la plataforma electrónica de Uber, simplemente por utilizar el servicio. Y no son multas pequeñas, son fuertes, y su justificación es que ese tipo de transporte no está reglamentado en nuestro país. El secretario Isaza ha asegurado que “como Uber es un servicio de transporte ilegal, los ciudadanos que usen la plataforma deben ser sancionados”. Pero un gobierno no puede ir impunemente contra el clamor ciudadano. Hay cada día más usuarios de Uber porque el servicio de taxis en nuestras capitales de departamento es peor cada día, lleno de incontables abusos y esta solución ofrece un transporte cómodo y seguro. En lugar de combatirlo férreamente, las autoridades deberían reglamentarlo, pero se han demorado mucho, con lo cual contribuyen en alto grado a que funcionen fuera de la ley. No hay duda que los usuarios encuentran en Uber lo que no han encontrado en el servicio regular, abundante de abusos contra los pasajeros, desde negarse a ir a determinadas partes, hasta cobrar tarifas exageradas, entre otros. La más reciente acción es instalar estaciones improvisadas en lugares de gran demanda, como son en Cartagena, la avenida Blas de Lezo, cerca de la Alcaldía o el Muelle de La Bodeguita. La propuesta del Secretario de Movilidad de Barranquilla ha causado, por supuesto, una aguda polémica en esa ciudad y en todo el país, pues los usuarios, y la propia empresa propietaria de la plataforma, consideran que la medida atenta contra la libertad de movilización y la libertad que tiene el ciudadano a elegir. No hay lugar a dudas de que los taxis no son el paradigma del buen servicio, y las autoridades hacen poco por mejorarlo, estableciéndoles controles más severos.
El Gobierno nacional ha sido muy negligente con respecto a Uber, y a todos los servicios que utilizan herramientas informáticas, aunque las plataformas de este tipo se están multiplicando en todo el mundo. Es cierto que el servicio es una especie de competencia desleal para los transportadores legítimos, pero debe tenerse en cuenta lo que prefieren los pasajeros, sometidos a la voluntad de los conductores de taxis, y a toda clase de abusos. El Gobierno se ha demorado en reglamentar alternativas al transporte de pasajeros. En Cartagena, en la misma Barranquilla y en otras ciudades de la Costa Caribe y de toda Colombia existe desde hace muchos años el mototaxismo, y a ningún funcionario se le había ocurrido sancionar a quienes toman una moto, porque es más rápida. Este último servicio tiene, además, el inconveniente de que muchos parrilleros usan este vehículo para cometer asesinatos, robos y otras fechorías, que aumentan la inseguridad en nuestras ciudades.
Llegó el momento de reglamentar el servicio de transporte mediante plataforma electrónica, tipo Uber, porque es un servicio que pronto será lo más común en todo el mundo, y vendrán otras empresas a prestarlo. No se puede andar cerrándoles las puertas a todas.
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