Protestar por cualquier motivo es legítimo en una sociedad democrática como la colombiana, mientras las protestas no coarten los derechos de los demás. Desde que se inauguró nuestro sistema de transporte masivo está de moda que cualquier protesta en cualquier barrio y por cualquier motivo la termina “pagando” Transcaribe.
Si se va la luz en un barrio, sus habitantes protestan en el carril exclusivo de Transcaribe; si hay inseguridad en alguna parte, sus habitantes paran al SITM; y el incidente más reciente ocurrió anteayer, cuando un menguado grupo de protestantes atiborrados de pancartas pararon a Transcaribe para llamar la atención.
En primera página de este diario salió ayer la foto de este incidente, en cuya pancarta se lee que la protesta era motivada porque los proyectos que se hacen aquí no emplean mano de obra local, sino a la traída de otras partes del país, usualmente del interior. Al respecto salió hace poco en El Universal una columna de Julio Carrascal explicando en detalle este problema serio para la ciudad.
Esta causa es de gran importancia porque si hay nuevos proyectos que se desarrollan en Cartagena y en Bolívar lo lógico sería preferir los proveedores locales, las compañías locales y la mano de obra local. El pretexto más frecuente para dejar a los locales por fuera en el caso de los trabajadores es que no tienen los mismos conocimientos de los “importados” y por lo mismo no califican para los mejores cargos, sino para los menos bien pagos.
La respuesta local debería ser continuar los programas masivos de entrenamiento para la mano de obra, que tenemos en el Sena y en convenio con otras entidades, porque no hay manera de obligar a los contratistas foráneos a utilizar a la gente local, sobre todo si se les da el pretexto de excluirlos por estar mal preparados.
Pero no importa qué tan buena sea la causa, ninguna justifica que los manifestantes perjudiquen a la ciudadanía con diversas acciones, que a veces incluyen vandalismo puro y rampante, pero que en el caso de anteayer solo coartó los derechos a la libre movilidad de los miles de ciudadanos del común que utilizan a Transcaribe.
¿En qué puede mejorar la causa por la que se reclama si a esta se le suma el atropello masivo a los derechos de los demás habitantes? ¿Creen los manifestantes que van a acumular simpatizantes cometiendo estos abusos contra la población?
Los trancones causados a Transcaribe o a cualquier otro carril de las vías públicas se vuelven multiplicadores de perjuicios a muchísima gente: la que va a trabajar, la que va al médico, la que hace una diligencia urgente; y por lo mismo, son un bumerán que se devuelve con fuerza en contra de causas que pueden ser justas y de quienes las promueven, estigmatizándolos a ambos de manera seria ante el grueso de la gente. Atrancar la movilidad, entonces, es una estrategia no solo intolerable, sino autodestructiva para sus promotores.
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