Según un informe de Medicina Legal, más de 80 mujeres han sido asesinadas por sus maridos, novios o exparejas y la cantidad sigue creciendo.
En Buga, una mujer fue salvajemente violada y golpeada por su excompañero sentimental y es un caso que ha recibido atención de la prensa por sus circunstancias, porque la situación es más común de lo que se piensa y en todo el territorio nacional.
En la capital de la República se presentan hechos como este a diario y los jueces no lo consideran un delito autónomo con penas fuertes, como lo determina la Ley denominada Rosa Elvira Cely, en recuerdo de una mujer brutalmente vejada y asesinada por un conocido hace tres años en el Parque Nacional de Bogotá, y que fue sancionada con bombos y platillos por el presidente Santos.
Allí se establecen drásticas penas de prisión, de hasta 41 años a quien resulte culpable de maltratar a una mujer.
La ley considera que quien haya tenido una relación con la víctima y ejerza sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, o cometa el delito aprovechando relaciones de poder ejercidas sobre la mujer para generar terror o humillación, puede ser acusado de feminicidio, lo cual agrava su sentencia.
Sin embargo, todos los días hay agresiones contra la mujer y no pasa nada. ¿De qué sirve una ley de género, si los jueces no la hacen cumplir?
Los periódicos y noticieros abundan de maltratos físicos contra las mujeres y a pesar de las protestas de sus familiares, los culpables son condenados a penas irrisorias que solo contribuyen a que se agrave el delito.
Dice un dicho de que a una mujer no se le agrede ni con el pétalo de una flor, pero a juzgar por los casos en Colombia, muchos hombres ni siquiera han oído esto.
“Esta ley consagra el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y la sanción de los actos violentos contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Esto implica un aumento importante de penas para quienes cometan este delito contra las mujeres”, dijo Santos en el acto de sanción en la Casa de Nariño.
La norma ha buscado fortalecer los mecanismos para prevenir la violencia contra la mujer. Pero la dura realidad de las mujeres se ha encargado de demostrar que es una ley inútil e ineficaz. Las agresiones continúan y vemos que los casos se multiplican.
Hay sectores donde hay a cada rato hechos de agresión, perpetrados en su mayoría por las parejas o exparejas y la situación no mejora. Según un informe de Medicina Legal, más de 80 mujeres han sido asesinadas por sus maridos, novios o exparejas y la cantidad sigue creciendo.
Mientras no se aplique con todo rigor la ley la situación no cambiará, antes por el contrario, se agravará aún más. Por lo pronto, la violencia del machismo en Colombia aún es recompensada con la impunidad.
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