Aunque las Farc llevan más de dos años discutiendo un acuerdo de paz con el Gobierno, la Defensoría del Pueblo señala a ese grupo guerrillero de ser el principal riesgo electoral para los comicios del próximo mes de octubre, donde se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en todo el territorio nacional, y emitió un informe que da cuenta que, junto con el Eln, representan un peligro para la democracia en 156 municipios de Colombia.
El llamado Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría estableció que un total de 268 municipios del país registran algún tipo de riesgo por cuenta de la acción de estos grupos armados en 29 departamentos de distintas zonas del país. A pesar de que las Farc han cumplido en general con el cese del fuego unilateral, la entidad considera que en algunas regiones del país se han producido “presiones e intimidaciones a la población civil por cuenta de la guerrilla, así como limitaciones a la movilidad de ciertos candidatos para direccionar el voto de los ciudadanos, como estaría sucediendo en El Doncello (Caquetá), y en Yopal (Casanare)”. Los hechos más comunes que han sido detectados por la Defensoría siguen siendo las amenazas de muerte contra candidatos a cargos de elección.
Mientras en las elecciones de 2007 y 2011, el mayor peligro estaba relacionado con atentados o ataques armados perpetrados por los grupos guerrilleros, que representaban actos muy graves de perturbación democrática, en la actual campaña electoral, dice la Defensoría del Pueblo, los factores de riesgo que se identifican con mayor frecuencia son las amenazas, el constreñimiento al votante y las restricciones a la movilidad, es decir que las Farc están haciendo proselitismo armado.
Los negociadores del Gobierno en La Habana deben ser inflexibles en exigirle a ese grupo guerrillero que este tipo de acciones sea suspendido inmediatamente, porque es inconcebible una negociación en que por otro lado, una de las partes está atentando contra la democracia. Y sobre todo porque las elecciones regionales del próximo mes de octubre son sumamente importantes y coyunturales para el momento histórico que está viviendo Colombia.
Si lo supuestamente se proponen las Farc con su participación en las conversaciones de La Habana es negociar una sociedad más justa y democrática, como lo han venido repitiendo en todas las intervenciones públicas que han tenido, lo coherente y lógico es que en lugar de perturbar el evento que representa la democracia por excelencia, contribuyan a fortalecerlo y a depurarlo.
Esperamos que los máximos dirigentes de las Farc se pronuncien sobre estas acciones, que no son una calumnia o un invento de los enemigos de la paz, sino un juicioso y profundo estudio de una entidad seria como la Defensoría del Pueblo, que está avalado por evidencias y testimonios confiables.
Mientras no se suspenda el proselitismo armado de las Farc, la paz es una utopía.
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