Las pandillas juveniles están en el ojo de las autoridades en todo el país cada vez más, y en Cartagena crece la preocupación por ser la ciudad que quedó de quinta en el ranking nacional de este flagelo.
Según el secretario del Interior, Roberto Barrios Martínez, al comenzar 2015 había 56 pandillas en la ciudad (en 2014 eran 82) de las que han intervenido 30 este año a través del programa “Más jóvenes íntegros”, que incluye diversas actividades y también ayuda psicosocial y entrenamiento para trabajos productivos.
Cada vez con más frecuencia, en Cartagena y en todo el país los infractores son jóvenes de menos de 18 años, es decir, menores de edad.
Las pandillas comenzaron por la falta de opciones en los barrios de habitantes de escasos recursos y los jóvenes las formaban para “defender” su territorio de los maleantes de otros barrios y de los del propio barrio, y de allí pasaron a pelearse entre sí por el control territorial.
El desarrollo posterior ha sido que las pandillas con frecuencia se han “graduado” de galladas de barrio a bandas criminales porque han sido cooptadas por la delincuencia organizada, llámesela bacrim o bandidos comunes y corrientes, y pasaron del control territorial a la venta de alucinógenos, a la extorsión y al asesinato con armas blancas y de fuego. Ya no solo defienden las calles de sus barrios, sino corredores del microtráfico y se disputan el mercado local de las drogas al menudeo.
Siempre habrá gente inclinada hacia el mal y hacia la delincuencia, pero no es el caso mayoritario de estos jóvenes, quienes no tienen opciones distintas en sus barrios y están casi que condenados a delinquir.
Las autoridades tienen que intervenir, por supuesto, y especialmente la Policía para contener la ola de ilegalidad, pero la represión no es la solución final, sino apenas una forma de apagar el incendio.
Los “jóvenes en riesgo”, como se les dice ahora a los pandilleros, necesitan una buena educación y después unos empleos dignos y seguros. Y la educación no es solo construir escuelas y contratar maestros, sino poder desayunar, almorzar y comer todos los días para poder asimilar la educación y crecer mental y físicamente bien.
El problema de los jóvenes en riesgo no es solo del Distrito, ni de la Policía, ni de los padres de los muchachos, sino de toda la sociedad, no solo por cumplir con el compromiso de la responsabilidad social inherente a quienes tienen más en la vida, sino por interés propio. Quienes no entiendan lo anterior, deben saber entonces que atender este problema equivale a asegurar su propia tranquilidad e incrementar la seguridad en toda la ciudad, incluida la de los indiferentes que se sienten seguros en los barrios de estratos altos y creen -erradamente- que este flagelo es lejano y ajeno.
Los empleos no nacen de la nada sino que tienen que ser creados, en lo que la empresa privada tiene una responsabilidad enorme para ayudar a solventar esta crisis. Todos los jóvenes necesitan trabajar dignamente, y más aún aquellos que están en riesgo permanente.
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