El Tribunal Superior Judicial de Cartagena confirmó parcialmente la sentencia de tutela de primera instancia de junio 7 de 2018 al suspender el primer artículo de la Resolución 0774 de 10 de mayo de 2018 del Minambiente, garantizando la consulta previa antes de poder cerrar una parte de Playa Blanca para que desoven las tortugas, hoy una especie amenazada.
Sin embargo, quedó vigente el resto de la resolución del Ministerio de Ambiente, incluyendo hacer cumplir la cantidad de visitantes a Playa Blanca (3.124 personas diarias) hasta que un nuevo estudio cambie esta capacidad de carga.
Sigue vigente que Cardique, Parques Naturales y la Dimar hagan cumplir las normas e inicien procesos en contra de invasores, cada cual desde su competencia, incluyendo sanciones por depredar la naturaleza, lo que el sentido común indica que incluiría talar el manglar y bosques, rellenar los cuerpos de agua, y la mala disposición de residuos sólidos y de aguas servidas, entre otras. Es obvio que muchos de los turistas que atiborran Playa Blanca se orinan dentro del agua por la falta de suficientes baños, por lo que no solo atenta contra la salud pública sino contra el ambiente del lugar.
Solo lo dicho arriba sería otro motivo para cerrar Playa Blanca de inmediato, ya que ha sido invadida de manera burda y multitudinaria en las narices de las autoridades, gracias a su usual espíritu omisivo y a su costumbre de pasarse la pelota entre sí para no hacer nada. No hay suficientes baños, talaron los manglares de los cuerpos de agua aledaños, y los tienen contaminados. Algunos de los auténticos raizales, y no los recién llegados, colombianos y extranjeros, se quejan de estos aparecidos sin que las autoridades hayan atendido estas querellas.
Esto no puede extrañar a nadie si pasa en Playa Blanca, sitio emblemático pero retirado de la vida diaria cartagenera. Sin embargo, es tal la desidia que en la propia Cartagena, al lado de una vía principal, no solo invadieron el margen derecho de la carretera frente a La Boquilla, andando de sur a norte, sino que la siguen invadiendo sin que la Alcaldía ni las demás autoridades hagan absolutamente nada. Son ciegas, sordas y mudas ante esos desmanes, los que toman tales proporciones, que después es mucho más difícil desalojar a los invasores.
Abusos similares ocurren en algunos sitios de la ciénaga de Cholón y en las propias islas del Rosario y también en las de San Bernardo, siempre expuestas a la depredación, auxiliada por la desidia oficial.
Esta miopía será la causa de que todos estos lugares se deterioren tanto que dejarán de ser atractivos, y lo que es peor, sostenibles. Desaparecerán para todos unos bienes naturales que son de la Nación y de todos los colombianos por el cortoplacismo que domina las decisiones de las autoridades, cuando las toman, a veces con un marcado tufo populista.
Ojalá que ocurra algún milagro para poder enderezar un rumbo que solo puede llevar a destruir estos tesoros naturales de toda la población.
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