En abril del año pasado, por iniciativa de Funcicar, el Concejo Distrital desarrolló en las instalaciones del Coliseo de Combate y Gimnasia, el primer Cabildo Abierto por la Discapacidad en el país, pedido por la ciudadanía, a través de 4 mil firmas, que fueron avaladas por la Registraduría, en una sesión donde intervinieron los directivos de las entidades locales que tienen que ver con esta, como el DADIS, Secretaría de Educación, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, DATT, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Planeación, IDER, IPCC, Corvivienda y Secretaría de Hacienda, entre otras, para adaptar el amoblamiento urbano y los sitios de acceso público de la ciudad a esta franja poblacional, de manera que le hagan la vida fácil y sin los obstáculos que habitualmente dificultan la cotinianidad de estos seres humanos.
Cada una de ellas tenía la obligación de revelar las acciones que ha desarrollado para implementar la Política Pública Nacional de Discapacidad, y medidas para garantizar los derechos de las personas en dicha condición. A ocho meses de ese cabildo, poco se ha hecho desde los gobiernos para poner en cintura a todos los actores sociales responsables de construir una ciudad más amable para las personas en condición de discapacidad. En una ciudad caracterizada por sus molestias diarias, ese sector de la población es el que menos se ha tenido en cuenta para facilitar su movilidad y el uso de los servicios básicos. El Instituto Nacional Demócrata y la Corporación Mar Adentro han venido trabajando esforzadamente para activar un mecanismo de participación ciudadana que garantice que todos los miembros de la población con discapacidad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones de manera ordenada, y bajo las normas legales vigentes, en lo que respecta a la discapacidad en Cartagena y la Política Pública Nacional de Discapacidad.
Infortunadamente, las entidades públicas de esta ciudad no han desplegado los suficientes esfuerzos para que esta política sea realidad en Cartagena, y la población con limitaciones tiene las mismas dificultades al moverse o usar cualquier servicio a que los ciudadanos tienen derecho. En los centros comerciales, por ejemplo, escasamente existen rampas de acceso para la población en silla de ruedas y muy pocos baños están habilitados para que los usen quienes tienen dificultades para moverse. En casi ninguno tienen sillas para el servicio de estas personas, y los que tienen escaleras eléctricas no tienen adaptaciones para que suban sin dificultades.
El recién inaugurado Transcaribe es un martirio para ciertas personas, y es una obligación de sus directivos asegurar que todo el mundo pueda usarlo sin dificultades y que todos tengan acceso sin problemas a él.
Es preciso apoyar el esfuerzo de Funcicar y de todas las entidades que están defendiendo a la población en condiciones de discapacidad.
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