Cuando la Alcaldía de Cartagena saca un decreto estableciendo una prohibición y fijando normas que definen las conductas permitidas a los ciudadanos, y a los pocos días hay una masiva desobediencia sin que pase nada y los responsables del comportamiento infractor se siguen moviendo en la impunidad, la autoridad queda automáticamente minada y es muy difícil ponerlos en cintura de allí en adelante.
Eso ha ocurrido en muchísimos casos a lo largo de los años, y está ocurriendo con la norma que pretendió regular la publicidad política en los espacios exteriores de la ciudad, cuyo propósito era impedir que la ciudad fuera víctima de la contaminación visual, para lo cual se prohibía fijar carteles sobre los postes que sostienen las redes eléctricas, los puentes, las paredes de propiedades estatales y los monumentos históricos, entre otros sitios, y la colocación de pasacalles y pancartas en ciertas zonas, norma que ha sido sistemáticamente ignorada por las campañas y no se han visto las sanciones consignadas en ese decreto, por la sencilla razón de que los funcionarios distritales creen que solo deben recopilar las pruebas de la conducta ilegal y enviarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que este tribunal determine las multas o castigos.
La contaminación visual no se deriva únicamente de la propaganda electoral, y en Cartagena es común ver avisos de conciertos, espectáculos públicos y hasta ofertas de almacenes fijados sobre los postes todo el tiempo. En este caso, los alcaldes menores no pueden por razones obvias acudir al CNE para sancionar a los responsables. ¿Será por eso que nunca se ha multado a nadie por estas infracciones y cada cual puede fijar avisos donde le dé la gana sin recibir una sanción?
Los postes de la Avenida Santander, algunas zonas del Centro Histórico, Manga, Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, avenidas El Bosque y Crisanto Luque, por mencionar solo algunos sitios, están atiborrados de carteles, unos sobre otros formando una gruesa y antiestética alfombra que le resta belleza al paisaje urbano de Cartagena. El que sean electorales en su mayoría no significa que los autores no están cometiendo una infracción contra los bienes del Distrito. Es una conducta ilegal sean carteles de propaganda política o de anuncios de conciertos. ¿No puede el Distrito sancionar directamente a los responsables?
Eso creen al menos dos alcaldes menores, que declararon a este diario que se habían limitado a retirar la publicidad y a informar al CNE. ¿Por qué no han aplicado las sanciones previstas en el Acuerdo 041 de 2007, que reglamenta la publicidad exterior visual el Distrito? En el artículo 31 de dicho acuerdo se dice que quien desacate las prohibiciones incurrirá en “una multa por un valor de uno y medio (1 1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, atendida a la gravedad de la falta”.
Es muy delicado que uno de los infractores sea hermano del alcalde y es muy mal visto que la infracción quede impune, y en este caso, todos los infractores navegan en la misma impunidad y siguen ensuciando a Cartagena.
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