La polémica se encendió esta vez en el país por los debates en los medios de comunicación con los candidatos que participan en la campaña a las elecciones del próximo 25 de octubre.
Un anuncio del Consejo Nacional Electoral, imponiéndoles a los medios que invitaran a los debates a todos los candidatos inscritos, y el anuncio de investigaciones a varias firmas encuestadoras que a su juicio cometieron irregularidades, puso en primer plano de la discusión pública la autonomía e independencia de la prensa, y en segundo lugar, usar las encuestas como herramienta informativa en estos comicios que se realizarán en pocos días.
Muchos directores de medios reaccionaron con desagrado a la imposición (no recomendación) de invitar a debatir aun a los candidatos en el último lugar en las encuestas y no tienen una preferencia de voto muy numerosa. En aras de la democracia, un medio que se precie de objetivo debería invitar a todos los aspirantes, incluso a los que no tienen posibilidad y están en los lugares inferiores de las encuestas. Pero cada medio es libre de hacerlo y el CNE no debería obligarlo. Lo máximo que podría hacer es sugerir sin la característica de obligatoriedad, si no queremos que nuestro país transite en los tenues límites de la censura que florece en la región.
En este periódico, por ejemplo, entrevistamos a todos los candidatos a la Alcaldía, porque creemos que todos tienen algo que decir sobre la ciudad y sus problemas y todos pueden sugerir soluciones. Pero siempre habrá quien se queje que no tuvo el suficiente espacio o no se le ofreció igual tiempo, aunque no sea verdad. Cada candidato desearía tener todo el espacio y el tiempo del mundo para difundir sus propuestas. Un medio serio los oye a todos, pero los principios periodísticos indican que debe ponerles más atención a quienes tienen más posibilidades, y eso debe ser una decisión del medio, no una imposición del Gobierno.
Las sociedades más desarrolladas se han abstenido de legislar sobre la prensa, pues ella es la base de la democracia y hacerlo la debilitaría en su papel de pilar de la comunidad. Para controlar sus desafueros existen leyes que son aplicables a todo el mundo, como las de injuria y calumnia o defensa del buen nombre, las cuales, de todas maneras no pueden usarse para obstaculizar el trabajo de la prensa. Aunque el presidente del CNE, Emiliano Rivera, aclaró que eran solo recomendaciones, quedaron en el aire muchas dudas, porque la circular emitida habla claramente de obligatoriedad.
En cuanto a las encuestas, tampoco es entendible la posición del CNE, puesto que ya tienen suficiente reglamentación, y las firmas encuestadoras deben cumplir muchos requisitos para realizar alguna sobre intención de voto. Obviamente, quienes más se han quejado de estas son a quienes les ha ido mal y eso ya no es culpa de los encuestadores serios.
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