Ayer en la mañana nuevamente fue detenido el servicio de Transcaribe, esta vez por una protesta de unas personas, más que todo mujeres y gente mayor, que aseguraban ser víctimas que se sentían burladas porque la oficina que debería atenderlas en La Castellana no había abierto aún, y al parecer no iba a hacerlo en el día. Así que la gran solución, por supuesto, fue nuevamente la de bloquear el carril exclusivo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Transcaribe, y solo una hora y media después apareció el Esmad, que persuadió a la multitud de dispersarse en un acto sensato para evitar una confrontación, aunque llegara excesivamente tarde para una respuesta que se espera sea lo más inmediata posible.
Los artículos 44 y 45 del Código de Procedimiento Penal son citados en esta edición de El Universal en la página 02. El primero (44) dice, entre otras cosas, que quien bloquee las vías “incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”. Y el Artículo 45 dice que quien dañe un vehículo “destinado al transporte público” (...) “incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Es decir, la ley tiene dientes para controlar estos desmanes y debería utilizarlos cada vez que se justifique para transmitir sin ambigüedades y con firmeza que parar a Transcaribe tiene consecuencias legales claras y severas, además de las gravísimas para los usuarios que no pueden llegar a tiempo a donde van porque a cualquiera se le ocurre atascar el sistema por tal o cual problema que tenga. Sería políticamente (y humanitariamente) incorrecto aplicarle esta ley a unas personas desvalidas como las víctimas de ayer, pero la ciudadanía tiene que entender que no está por encima de la ley, y que ya pasó el “se obedece pero no se cumple” de los años coloniales.
Los bloqueos a Transcaribe con frecuencia van acompañados de pedreas, que además de dañar los buses, ponen en peligro a sus ocupantes, como ocurrió con la reciente protesta de mototaxistas en que uno fue capturado en flagrancia luego de romper una ventana de un bus del SITM. ¿Acaso ya estará suelto y listo para la siguiente pedrea? Y si le aplicaran la ley antes citada, ya imaginamos los comentarios: que cómo diablos meten preso a un pobre mototaxista y no a los delincuentes de verdad, como a los que les dan casa por cárcel en edificios de lujo, etc.
En ambos casos es difícil que haya un mínimo de respeto a la ley y que pueda haber una convivencia civilizada porque todo el mundo siente que las normas son solo para el vecino y se convierten en letra muerta.
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