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Tres meses del desplome

Las tendencias reveladas por diferentes encuestas sobre la calidad de vida de los cartageneros -Cartagena Cómo Vamos es la más reciente- son cada vez más preocupantes, desalentadoras y tan contundentes que ni la misma administración distrital las pone en duda.

Las estadísticas reflejan que el pesimismo embarga a la gente, que cada vez se siente muy poco orgullosa de la ciudad a la cual consideran que no va por buen camino, plagada de inseguridad e incontenible intolerancia.

Pero todas estas malas noticias podrían considerarse apenas como síntomas de una enfermedad crónica casi incurable llamada corrupción.

Esa es la palabra que últimamente se usa con más frecuencia en los medios de comunicación del país, y que en Cartagena tomó fuerza con el caso del edificio Portal de Blas de Lezo II, que se derrumbó hace tres meses dejando 21 muertos y 22 heridos.

Salió a la luz entonces el descaro de constructores que levantan edificaciones sin licencia, o en el peor de los casos, las falsificaban ante la falta de control de las autoridades.

La Fiscalía empezó una investigación que ya deja a  cinco personas capturadas, entre ellas al exdirector de Control Urbano del Distrito, al inspector de policía de la comuna 12, ambos asegurados con detención domiciliaria; mientras que el maestro de obra, el constructor Wilfran Quiroz y su hijo fueron enviados a la cárcel de manera temporal. En la tarde del martes se dio la primera condena, Wilfran fue sentenciado a pagar 48 meses encerrado en su casa, lo que familiares de las víctimas no vieron con buenos ojos.

Por su parte, la Procuraduría también avanza en la investigación que hoy tiene a la ciudad en una interinidad -con la suspensión provisional del alcalde Manolo Duque-, vacío que no es conveniente para el desarrollo de la ciudad.

En estos tres meses los familiares de las víctimas del derrumbe no se han cansado de pedir justicia, el temor también se ha apoderado de aquellas personas que habitan edificios que fueron construidos con licencias falsas (la Superintendencia de Notariado y Registro dice que serían 140 los apartamentos que ya están habitados).  Es inaudito que un edificio que no tenga permisos de construcción llegue a ser comercializado.

No hay que quedarse de brazos cruzados, es cierto que se están sellando obras que violan las normas urbanísticas pero aún faltan muchas más, esta práctica común debe terminar de una vez por todas y para eso es necesario una vigilancia responsable, sin intereses ni complicidades. Ese es el camino para evitar otra tragedia.

 

 

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A ESTA GENTE LE QUEDA DEMANDAR ANTE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTRA EL DISTRITO DE CARTAGENA POR FALLA EN EL SERVICIO

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