El 27 de abril de 2017 quedó marcado en la historia de Cartagena. Ese día, a las 10:30 de la mañana, se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, donde lamentablemente murieron 21 personas.
Desafortunadamente tuvo que pasar esa tragedia para que, por fin, se destapara la corrupción que dejó que se levantaran, como ese, decenas de edificios ilegales en la ciudad. Por desplomarse fue que se pudo conocer que esa edificación no solo se estaba levantando con una licencia falsa que se exhibía ante la vista de todos, sino que los pisos construidos ya sobrepasaban la altura permitida en esa zona.
El principal culpable, según las autoridades, fue el constructor de la obra, Wilfran Quiroz, quien fue capturado el 7 de junio, condenado a 48 meses de casa por cárcel en julio, y el 2 de febrero se supo que se había fugado. Luego de su recaptura, fue enviado a la Cárcel de Ternera mientras el proceso en su contra avanza.
Por la caída del edificio en Blas de Lezo también fueron capturados el hijo de Wilfran, quien era el arquitecto; el maestro de obra; el ex inspector de Policía de la Comuna 12, y el exdirector de Control Urbano. Pero faltaban más.
La labor de la Fiscalía General y de la Procuraduría empezó a arrojar más resultados. Se encontraron con que la familia de Wilfran, a la que llamaron el ‘clan Quiroz’ (7 más están siendo procesados, entre ellos uno que se cambió el nombre), se dedicaba desde los últimos 4 o 5 años a construir edificios de manera ilegal, con la complacencia de varios funcionarios del Distrito. Hasta ahora se han identificado 36 edificios de la misma familia que no cumplen con las normas, y se cree que hay más.
Esta semana se conocerá si tres funcionarios (el concejal y exalcalde de la Localidad 2 Rodrigo Reyes; el exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía; y el funcionario de esta misma cartera, Jorge Luis Cudris) presuntamente involucrados en actos que le permitieron a esta polémica familia levantar edificaciones piratas, van o no a la cárcel.
“Estamos (la Fiscalía) identificando la eventualidad de que pueda existir, de acuerdo a la información recaudada, otras edificaciones que no hayan contado con las licencias de construcción y se haya presentado el mismo fenómeno de falsificación”, dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Así mismo, la operación a la que se le llamó “Castillos de Arena”, tiene en la mira a otros servidores públicos.
Ha sido hasta ahora un trabajo loable el del fiscal Martínez y su equipo, ojalá no bajen la guardia para que caiga todo aquel que hizo y permitió que una tragedia como esta ocurriera. Y es que son muchas las víctimas. Los que murieron en Blas de Lezo, las familias de estos, los sobrevivientes, los vecinos de esa edificación, siguen clamando por ayudas contundentes. De los demás edificios (varios fueron desalojados) también hay quienes vieron su sueño derrumbado por la corrupción. Son muchas las familias que pueden estar en riesgo en esas edificaciones ilegales, además de los vecinos, todos con miedo porque no quieren que se repita lo que sucedió ese fatídico 27 de abril.
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