Un pacto ambicioso

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El rechazo en noviembre pasado de una demanda para suspender al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, por parte de los magistrados de la sección Quinta del Consejo de Estado, llegó en un momento en que la sociedad civil, política y gremial, reclama estabilidad en la gobernabilidad del Distrito.

La demanda pretendía demostrar que el presidente Iván Duque cometió errores al nombrar a Pereira como alcalde.

Ese clamor ciudadano de estabilidad es independiente de las calidades del mandatario, de si lo está haciendo bien o mal, o de su filiación política. Y si además tiene un buen ambiente, como el de Pereira, más se preocupa la gente. No es para menos si se mira todo lo que ha pasado en la administración distrital de Cartagena desde 2012: la ciudad ha tenido 12 alcaldes, dos de ellos por elección constitucional como fueron Campo Elías Terán y Manolo Duque; dos más por elecciones atípicas, Dionisio Vélez y Antonio Quinto Guerra; y el resto por encargos, incluidos Bruce Macmaster, Carlos Otero, Sergio Londoño y Yolanda Wong, solo por nombrar los encargos más duraderos, y sujetos a las decisiones de la Presidencia.

Recordemos que Terán había sido suspendido por presuntas irregularidades en una contratación, acción de la que tiempo después de muerto fue absuelto. Luego sobrevinieron los líos jurídicos de Manolo, elegido para 2016-2019, y la reciente suspensión de Guerra, por haber contratado con el Ministerio de Vivienda. En resumen, una suerte de inconvenientes que han afectado la continuidad de proyectos, planes o procesos administrativos.

En medio de todos los escándalos, de artilugios jurídicos o de demandas que van y vienen, se advierte un rechazo generalizado de la sociedad a la corrupción administrativa, pero también un deseo de autonomía, de un nuevo liderazgo y renovación de la clase política y de sus dirigentes.

Las críticas van no solo para quienes cometieron delitos con los recursos públicos, sino también para los que echan mano de todo tipo de recursos jurídicos que han prolongado la agonía administrativa de una ciudad que necesita superar el estancamiento al que la ha llevado su clase dirigente, con gran responsabilidad de la ciudadanía.

Para alcanzar una estabilidad política, lo primero es que los administradores de lo público se comprometan a respetar y a manejar con transparencia los recursos, sin componendas o acuerdos por debajo de la mesa para depredar el erario.

Lo segundo, que ojalá los altos tribunales corten de un tajo aquellas acciones jurídicas sin fundamento que afectan esa estabilidad administrativa, cuando ya se aproxima un nuevo año electoral. Y si hubieren motivos serios, que también procedan sin dilaciones.

Este mes, la vicepresidenta y el alcalde (e) firmaron el llamado Pacto por Cartagena, un acuerdo principalmente para acabar con esa corrupción que no nos ha dejado avanzar. Esperamos que ese pacto se cumpla, para reorientar a una ciudad con mucha pobreza, hacia un camino con equidad y empleo formal.

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