Nuevamente Transcaribe fue víctima ayer de una protesta, esta vez, entre otras cosas, por la supuesta privatización del Sena y por los compromisos incumplidos del gobierno con las madres comunitarias, quienes piden se les reconozca su derecho a la pensión. La legitimidad o ilegitimidad de las dos causas no está en discusión aquí, sino el método usado para protestar.
Trancar a Transcaribe se ha vuelto tan atractivo para los distintos protestantes como un imán. No sabemos si es una casualidad o si hay una especie de plan maestro contra el sistema, o si entran saboteadores con agenda propia a cada marcha, pero de todas maneras trancarlo es un absurdo que perjudica principalmente al pueblo cartagenero, su mayor usuario.
Si una protesta social tiene como meta no solo mostrar sus motivos, sino ganar adeptos a su causa, esta práctica logra exactamente lo contrario y se gana la antipatía de las mayorías ciudadanas contra quienes usan este método. Es un contrasentido estratégico, además de una calamidad pública. Nada justifica someter a la gente de Cartagena a llegar tarde a sus citas, a no poder llegar a tiempo a su trabajo ni a interrumpir sus diligencias.
Transcaribe beneficia especialmente a la gran población de la ciudad, que se ha visto liberada cada día más, a medida que el sistema expande sus rutas, de la tiranía del antiguo transporte público de buses y busetas, cuyo servicio salvaje -que desafortunadamente sigue vivito y coleando- ahora está más en evidencia que nunca porque hay un esquema operando que es decente y digno contra el cual compararlo.
Los cartageneros tienen que hacer todo lo posible por asegurarse de que Transcaribe sea un gran éxito y eso incluye que sea rentable. Hasta ahora el sistema va muy bien, tanto que es el mejor del país precisamente porque la acogida de la gente ha sido masiva. La cantidad de pasajeros que lo usa superó todas las expectativas, aún las más optimistas.
A todo el mundo le conviene que Transcaribe sea un buen negocio para que su permanencia esté asegurada, y eso no se logra trancándolo, como si esa fuera una proeza de superhombres. Es más bien una gran torpeza, un recurso de desesperación y derrotismo, y un seguro bumerán en contra de causas que hasta podrían ser justas, pero que se derrotan a sí mismas al recurrir a esta táctica.
Las protestas públicas son un derecho constitucional bien ganado, pero este no incluye los desmanes en contra de los derechos de la gente. Aquí cabe con nitidez el principio de que la libertad de cada cual termina donde comienza la de los demás. Cuando se pasa ese límite ya se entra en el terreno del abuso y del atropello.
Esperamos que la gente pensante que organiza las protestas tome todo lo anterior en cuenta para no seguir perjudicando a las grandes mayorías de la ciudad.
Comentarios ()