A Piedad Córdoba le queda un solo recurso

La senadora podrá apelar la sanción de la Procuraduría General, mediante un recurso de súplica, ante el Consejo de Estado. Un mes después de que el Ministerio Público sancionara a Piedad Córdoba por "colaborar y promover a la guerrilla de las Farc", el Procurador ratificó la decisión que la destituye e inhabilita por 18 años. A la senadora le queda una última opción ante el Consejo de Estado. Por "colaborar y promover al grupo armado ilegal las Farc", la Procuraduría General de la Nación ratificó ayer la destitución e inhabilidad por 18 años proferida hace un mes contra la senadora liberal Piedad Córdoba. La Procuraduría explicó, mediante un comunicado, que "tras el estudio de la información recopilada en el proceso y de una serie de hechos notorios y de público conocimiento, se llegó a la conclusión de que Córdoba colaboró y promovió al grupo de las Farc". En el comunicado, el Ministerio Público afirmó que "está comprobado que la Senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos, y acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países". La investigación de la Procuraduría contra Córdoba se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del cabecilla de las Farc, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes", muerto en un bombardeo en Ecuador el 1 de marzo de 2008. Esa autoridad analizó la información contenida en los documentos en formato word hallados por la Policía judicial en el campamento de "Reyes", en los que, asegura el Procurador General, Alejandro Ordóñez, "constan las interlocuciones entre el ex jefe guerrillero y la congresista a través de seudónimos, al igual que documentos que referían interlocuciones entre ex jefes guerrilleros y miembros de las Farc en los cuales se referían a la señora Piedad Córdoba por su nombre y su cargo o empleando expresiones como %la Negra% o %la Negrita%, los cuales también fueron utilizados en forma combinada con el nombre %Piedad% o %Piedad Córdoba%". Según el Procurador, la investigación pudo determinar que los datos manejados por la Procuraduría en formato word sí fueron extraídos de los equipos informáticos originales de "Reyes" y que frente a esa prueba la defensa de Córdoba no presentó ninguna objeción. Cuando se conoció la sanción, el pasado 27 de septiembre, la legisladora proclamó su inocencia, aseguró que sus contactos y encuentros con miembros de las Farc fueron sólo los autorizados por el Gobierno Nacional y anunció que apelaría la decisión y que la llevaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, sostuvo que la determinación de inhabilitarla busca "criminalizar" su labor humanitaria y se comprometió a seguir trabajando por la paz en Colombia. "Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad", dijo la senadora en esa ocasión. QUEDA EL CONSEJO DE ESTADO Al ratificar la sanción, el Ministerio Público argumentó que "está comprobado" que Piedad Córdoba "emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de vídeos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros". También dice el informe que la senadora liberal "dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer" al grupo insurgente. Respecto a las labores humanitarias de la política liberal, la Procuraduría señaló que "no alcanzan a justificar los desmedidos actos de colaboración y promoción a favor" de las Farc. La senadora podrá apelar la sanción de la Procuraduría General, mediante un recurso de súplica, ante el Consejo de Estado, con el fin de que el máximo organismo de la jurisdicción contenciosa determine si revoca o no el acto administrativo. El presidente del Senado, Armando Benedetti, recordó que en este caso no se aplicará la silla vacía, por tratarse de un proceso disciplinario y no penal. "El único organismo para determinar si hay un delito es la Corte Suprema de Justicia", dijo. "Lamento lo que le pasó a la senadora Córdoba, pero quedo atento a la notificación de la Procuraduría y una vez lo reciba, la mesa directiva procederá conforme a la ley", aseguró Armando Benedetti.