Este domingo se cumplen 25 años del asesinato del político colombiano Bernardo Jaramillo Ossa, a quien lo mataron cuando era candidato a la Presidencia de la República en el aeropuerto de Bogotá cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Santa Marta para continuar trabajando en su campaña política.
Hasta el momento lo único que se sabe de este crimen es que el gatillo lo habría presionado un sicario llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya, sin embargo, 25 años después aún no se logra hacer justicia en este caso y en ninguno de los que se dieron hace más de dos décadas en contra de los miembros del partido de izquierda Unión Patriótica
La Fiscalía declaró que el asesinato de Jaramillo Ossa era un crimen de lesa humanidad para que no prescriba y prosiguiera la investigación, así como el homicidio de los otros 33 miembros de la UP.
Al respecto, Jorge Fernando Perdomo Torres, vicefiscal general, aseguró que uno de los avances en la investigación fue conseguir que se estableciera este delito como un crimen de guerra y se determinara de dónde habían venido los ataques.
“Se logró establecer, gracias a ese estudio de contexto, que aquí nos encontramos ante delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Delitos de diferente categoría, como homicidios, desaparición forzada y otros delitos, como el delito de amenazas”, dijo Perdomo.
A esto añadió: “determinamos que se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos reiterados contra la población civil, ocurridos entre 1986 y 1996.”
Por ello, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) determinó que estas conductas tendientes a la victimización a nivel nacional de miembros y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica, fueron casos de exterminio y ejecución general, reiterada y sistemática dentro del conflicto interno, ya que la UP fue un brazo político de la izquierda muy perseguido en la época por parte de paramilitares y otros actores.
VÍCTIMAS DEL EXTERMINIO DE LA UP
Las víctimas por las que aún no se hace justicia, pero que pudieron enmarcarse en delitos de lesa humanidad e impedir que se queden en el olvido y la impunidad son:
Oscar Montoya, Misael A. Zambrano, Luz Marina Arroyave, Julio Cañón López, Rafael García, Baldomero Useche, Félix Antonio Villalba, Carlos Gomina, Norman Sergio Vallejo, Diana Stella Cardona, Bernardo Jaramillo Ossa, Pedro Luis Valencia, Elkin de Jesús Martínez, Alberto León Muñoz, Francisco Elado Gaviria.
También están: Alfredo Gómez Doria, Leonardo Aguirre López, Carmelo Durando Romero, Arturo Moreno López, Jorge Luis Julio, Iber Modesto Rojas, Darío Pérez Negrete, Alfredo Manuel Flórez, Enrique Cabria Genes, Arsenio Córdoba Blandón, Francisco Luis Velásquez, Iván Antonio Correa, Pedro Luis Bermúdez, José Antequera, Gloria Isabel Cuartas, Luis Alberto Junco, Silvio Miguel Gómez, Luis Álvaro David Oliveros y Bartolomé Cataño Vallejo.
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