A través del teléfono, por momentos, se tiene la sensación de estar hablando con Álvaro Uribe. La cadencia de la voz se ha tornado parecida, pero Óscar Iván Zuluaga, dirigente del Centro Democrático, mantiene el tono sin perder la compostura.
Asegura que “todos los colombianos tenemos la ilusión de la paz y el Gobierno de una manera tramposa ha recurrido al plebiscito”. Dice que se ha “roto todo el Estado de Derecho con el mito de buscar una paz a cualquier precio”. Por eso, su movimiento político recoge firmas desde hace dos semanas amparado en una proclama que busca modificar la manera como se está negociando la paz entre el Gobierno y las Farc.
Desde su oficina en Bogotá, y diez días después de haber regresado a Colombia, el excandidato presidencial del uribismo, habló con El País.
Hace tres meses se fue del país en medio de rumores de una orden de captura por supuestos nexos con el hacker Andrés Sepúlveda. Decían que usted le huyó a la justicia...
No he tenido ningún requerimiento judicial distinto al que tuve el año pasado, siempre he estado disponible. Estando en el exterior estuve en permanente comunicación con los medios de comunicación, todo el mundo conoce dónde he estado.
¿Por qué regresó al país?
Porque se cumplieron los propósitos que me había trazado en el exterior. Uno, estaba atendiendo una intervención quirúrgica de uno de mis hijos, que obviamente era prioridad. Segundo, nos propusimos promocionar en EE. UU. lo que piensa el CD sobre cómo se está manejando la negociación con las Farc y tres, hacerle seguimiento a unas demandas y denuncias que interpusimos ante organismos internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas) sobre hechos reales de persecución judicial y política de nuestro partido y militantes del uribismo.
Cumplidos esos tres propósitos he regresado para hacer parte de la ‘Resistencia civil’ para evitar que Colombia avance en una negociación de paz basada en la impunidad.
¿Cómo fue la acogida del partido en el exterior?
Hay un gran respaldo. Recordemos que buena parte de mi votación en las elecciones presidenciales fue en el exterior. Los colombianos que están en el exterior son los que más valoran la transformación de Colombia en el gobierno Uribe porque muchos de ellos fueron expulsados por el terrorismo de las Farc, el secuestro, la extorsión, el asesinato de familiares y hoy son los más preocupados por el deterioro del país.
Pero hay quienes dicen que el CD se vale de que esos colombianos están desactualizados sobre nuestra realidad para hacer política...
Los colombianos en el exterior viven más actualizados de lo que vivimos en Colombia.
Les duele el país muchísimo y están informados de todo. Saben, por ejemplo, que Colombia hoy se ha vuelto un país más riesgoso, con mayor incertidumbre para la inversión y nadie sabe qué va a pasar con los acuerdos de La Habana, con el plebiscito, con lo que puede ser una reforma tributaria.
Después de dos semanas de ‘resistencia’, ¿cómo les va con la recolección de firmas?
Hemos tenido un alto respaldo. Estamos haciendo un ejercicio pacífico, democrático que busca expresar la voz de millones de colombianos para defender nuestro país, la democracia, las instituciones y la Constitución ante lo que se aprobó con el Acto Legislativo para la Paz que no es otra cosa que entregarle el país a las Farc, darles poder para cambiar la Constitución y hacerla a su medida. Aquí se ha roto todo el Estado de derecho con el mito de buscar la paz a cualquier precio y creemos que ese es un camino equivocado.
Pero, cuál es la nuez porque al momento de pedir las firmas, critican hasta la situación económica...
Hay una proclama donde el eje central es ese modelo de paz que el país necesita y que eso permite rectificar la forma como ha sido gobernada Colombia. Es la consecuencia de lo que fue la marcha del 2 de abril donde la expresión ciudadana mostró un rechazo, una inconformidad. Y ahora lo que se quiere materializar en este ejercicio de firmas —como parte de la resistencia civil— es ampliar ese concepto de la participación y que la voz del ciudadano sea escuchada, por eso esa proclama contiene varios aspectos, pero el elemento central es que creemos que una paz basada en la impunidad lleva a Colombia a un camino equivocado.
En la proclama también dice que ”si el presidente Santos no puede darnos la paz que merecemos, le exigimos su renuncia” ¿Cómo saber que no cumplirá si aún ni siquiera se pone la firma final en los acuerdos?
Debemos llamarle la atención al Presidente porque el país se les salió de las manos. Es un presidente y un gobierno que no tiene respaldo popular ni ciudadano y no puede avanzar una negociación en un tema como la paz porque es un gobierno débil negociando con la guerrilla y entregándole el país a las Farc y por eso el gobierno hoy no tiene respaldo popular y eso lleva a que sea un país ingobernable.
Las mismas encuestas que le dan a Santos el nivel más bajo de popularidad en la historia del país, marcan que el 56 % de los consultados votarían SÍ en el plebiscito...
Todos los colombianos tenemos la ilusión de la paz y el Gobierno de una manera tramposa ha recurrido al plebiscito como si fuera un mecanismo de refrendación y se lo ha puesto a los ciudadanos como si votar por el SÍ sea la paz y por el NO, la guerra. Hay que hacer un esfuerzo de movilización ciudadana y de comunicación para advertir los riesgos que hay detrás del plebiscito.
Todos queremos la paz, lo importante es a qué costo. La nuestra es una paz basada en estándares de justicia, que garantice preservar valores democráticos, que sea estable y duradera, muy diferente a esa paz basada en la impunidad.
Ese es su principal argumento, la impunidad, pero presidentes, organizaciones internacionales de derechos humanos, la ONU, le han dado el visto bueno a esos acuerdos firmados hasta el momento. ¿Tanta gente está equivocada?
En el exterior me di cuenta que no hay un completo conocimiento de las cosas. El Gobierno siempre tiene la inclinación de mostrar que todo es una maravilla. José Miguel Vivanco, voz muy reconocida de los organismos de derechos humanos, sostiene que el acuerdo de La Habana es una piñata de impunidad y eso resume muy bien lo que hay detrás de ese acuerdo.
Sí, ¿Pero al resto de organismos, incluso la ONU que hará parte del posconflicto, usted cree que no se les ha contado la verdad de lo que se ha firmado?
Cuando usted habla con congresistas americanos y muestra lo que significa el narcotráfico como conexo del delito político levantan su voz de alarma y de preocupación; cuando saben que no va a haber extradición, ni dinero del narcotráfico de las Farc para reparar víctimas, no lo entienden. No se había dimensionado lo que está ocurriendo en esa negociación, por eso nosotros hemos mostrado los temas con la claridad que el gobierno no ha tenido.
¿Qué piensa cuando portales analizan el discurso sobre los acuerdos del Centro Democrático y dicen que el 80 % del argumento no es cierto?
Lo que nosotros planteamos en el Congreso y el país está basado en los documentos y en la información que entrega el propio Gobierno.
En esos textos no aparece que vayan a pagarle a los desmovilizados $1.800.000 al mes como dicen ustedes...
En varias instancias lo han dicho los negociadores del Gobierno. Tenemos varias evidencias de ello. Eso no son inventos, son hechos que han sido planteados por el propio Gobierno, en previsiones y cálculos económicos que hicieron hace unos meses sobre los costos de un posacuerdo.
El Procurador está pidiendo que se aplique Ley de Garantías para la campaña del plebiscito, ¿qué opina?
El Gobierno no está diciendo que está haciendo campaña por el SÍ, pero utilizan recursos públicos. A nosotros se nos negó financiamiento estatal por el NO. Este es un juego tramposo por parte del Gobierno y es un juego desventajoso porque tienen todos los medios, poderes y hoy los está utilizando por el SÍ.
Pero desde el Consejo Nacional Electoral ven la recolección de firmas como la campaña por el NO...
La resistencia es un esfuerzo ciudadano de muchos colombianos que quieren participar, que consagra la Constitución y la ley que se está haciendo de manera pacífica. Ahí no hay ni utilización de recursos públicos, ni aparatos estatales. Es un esfuerzo ciudadano.
¿Qué piensa de los fuertes enfrentamientos verbales entre uribistas y simpatizantes del proceso de paz?
Hay que tener contradicción de las ideas, pero con el respeto a las personas, yo particularmente siempre actúo de esa forma y obviamente con aquellos que agreden verbalmente nuestro partido a veces no justifica ni siquiera tener espacio para debatir.
¿Qué diferencia hay entre un exguerrillero como Everth Bustamante, congresista del CD, y uno que quiera dejar las Farc?
Cuando se hizo la paz con el M-19 no había Corte Penal Internacional, no había la penetración que hoy hay del narcotráfico. En aquel momento se dio un indulto de amnistía porque hubo zonas de concentración, cese unilateral de toda acción y entrega y destrucción de armas, esa es la diferencia.
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