Una serie de normas deben cumplir los particulares que quieran aprovechar o usufructuar las áreas de espacio público distrital de la ciudad, como parques, plazas, plazoletas y otros espacios residuales.
El Concejo convirtió en Acuerdo el Proyecto 116, que otorga facultades al alcalde Dionisio Vélez para regular y reglamentar dicho uso del espacio público. La iniciativa distrital, con ponencia de la concejal Saray Aguas, pasó con una votación de catorce concejales por el sí, cuatro concejales que no votaron por estar ausentes, y un voto negativo, el del concejal del Polo Democrático, David Múnera.
BENEFICIO ECONÓMICO
La reglamentación busca regular la actividad comercial estacionaria en las áreas comunes, con medidas para su uso temporal y eventual, lo que tendrá un aprovechamiento económico por parte del Distrito.
Pretende la “organización del equipamiento urbano, para generar en el espacio terrestre una armonía entre el ser humano y el medio ambiente”. Con esto, la administración distrital pondrá en marcha un modelo de gestión de aprovechamiento de los elementos que constituyen las áreas públicas, para prevenir, eliminar y mitigar los efectos negativos por el uso temporal de las áreas de espacio público”.
TARIFAS
Como mecanismo para fortalecer las fuentes de financiación propias, el Distrito deberá fijar unas tarifas, que se darán a conocer en los próximos días en beneficio económico de la sostenibilidad administrativa pública. La iniciativa contempla “el buen manejo de elementos removibles en el espacio a utilizar, como mesas, sillas u otros elementos adicionales para que armonicen con el espacio público”. Este mobiliario deberá ser autosoportado, es decir que dichas estructuras no podrán fijarse al suelo que se esté explotando.
Dichas tarifas, que serán mensuales, “se deducirán del costo de mantenimiento del espacio público en concordancia con la rentabilidad que se genere”, dice el Acuerdo. Las facultades también comprenden que el Distrito podrá reorientar las reglas para la entrega a particulares que quieran tener el manejo de áreas, como por ejemplo, el Parque del Centenario, en cuyo interior se fabricaron estructuras para cafeterías y restaurantes.
Para ello, los particulares deberán solicitar de la Secretaría de Planeación la licencia de ocupación del espacio público, e indicar el horario del uso o la utilización complementaria del mismo. Todas estas reglas aplicarán para aquellos negocios que quieran aprovechar áreas públicas contiguas, como el caso de los restaurantes en las plazas del Centro Histórico. Los comerciantes pasarían de pagar el 5% del salario mínimo, a un 15%, por el espacio aprovechable.
“ES DISCRIMINATORIA”
El concejal David Múnera, explicó a El Universal que su negativa a la aprobación del proyecto se debe que el Acuerdo trasmite “una política inequitativa a favor solo para el que tiene con qué pagar y usufructuar en beneficio propio, un espacio que es un bien público”. El concejal dice que se despliega “una persecución a los vendedores informales, a través de la privatización y la falta de igualdad que entrará a regular el espacio público distrital”.
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