“Frente a la reciente decisión del procurador General, Alejandro Ordoñez, contra el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, considero que todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente nos equivocamos al no crear una segunda instancia que revisara de manera autónoma los recursos a que tienen derecho los servidores públicos frente a las decisiones administrativas y disciplinarias que toman los diversos entes administrativos y de control del Estado”, dijo el funcionario.
Según Garzón, es inconveniente que en un caso como el de Bogotá sea la segunda instancia la misma que tomó la primera decisión.
El alto funcionario aseguró que la Constitución les dio, de buena fe, plenos poderes a los diversos organismos administrativos y de control del Estado, por encima de los poderes soberanos del constituyente primario, “olvidando que los servidores públicos tienen el pleno derecho a que todas las decisiones, administrativas y disciplinarias que les afectan, sean revisadas por una segunda instancia autónoma”.
Así mismo, invitó al Estado a pensar en crear una segunda instancia autónoma para revisar las decisiones administrativas y disciplinarias, la creación de la misma, según Garzón, debe venir de los ministros de Justicia e Interior “creando un organismo autónomo, diferente a la primera instancia, en aras de conservar completa independencia en la revisión de las decisiones”.
El alto funcionario concluye la comunicación diciendo que un eje fundamental de la política de derechos humanos es el respeto al debido proceso, pero, “debemos reconocer que en Colombia desafortunadamente primero condenamos y años después absolvemos”.
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