Si el Congreso así lo dispone y ratifica durante todo el trámite de la reforma constitucional de equilibrio de poderes, Colombia entraría en los regímenes electorales en donde el voto es obligatorio para todos sus comicios, incluso para referendos, como el de paz con el que se ratificarían los acuerdos con las Farc.
La decisión se tomó en la sesión del jueves de la Comisión Primera del Senado, en donde se aprobaron más artículos de la gran reforma a la que le apuesta el presidente Juan Manuel Santos en el inicio de su segundo gobierno.
El artículo señala que el voto obligatorio se adoptará por tres periodos electorales, pero además se dispone que por medio de una ley se determinarán estímulos para ir a sufragar, pero también las sanciones por no hacerlo.
La propuesta fue presentada por los senadores Roy Barreras y Horacio Serpa. Barreras señaló que “se trata de que más de 8 millones de colombianos abstencionistas, nos ayuden a mejorar la democracia y a limpiar las costumbres electorales. Tenemos la garantía de que los ciudadanos que no votan por distintas razones, no venden su voto y por tanto éste será libre, independiente y que legitime aún más las instituciones colombianas”.
Sin embargo, explicó que la figura se entenderá como un voto pedagógico porque contiene estímulos positivos para quienes participen del proceso electoral.
Uno de los senadores que se opuso fue Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien consideró que el tema no se trató en las discusiones de ponencia, y además que este es un derecho fundamental de los ciudadanos, lo cual lleva a que se discuta en otra norma.
Motoa pidió que este tema se más discutido al interior de los partidos y no sacarlo tan rápido.
Este artículo se suma a otras normas que ya aprobó esta comisión, como por ejemplo que en todas las elecciones se usará el sistema de las listas cerradas, se implementará el llamado mecanismo cremallera, es decir que las listas estarán equitativamente integradas por hombres y mujeres.
De la misma forma, en la Comisión ya se aprobó que en Colombia no se volverá a permitir la reelección presidencial, tal y como se permite en este momento en la Constitución Política.
DERROTADO EL GOBIERNO
En lo que no le funcionó las mayorías al Gobierno Nacional fue en lo referente al tribunal de aforados, porque fue derrotado en su propuesta que un tribunal de aforados de 5 magistrados investigara a los altos funcionarios y magistrados, pero que el juzgamiento quedara para que el Congreso lo decidiera.
La Comisión acogió una propuesta presentada por las senadores Claudia López (verde) y Paloma Valencia (uribismo), en donde se plantea que el tribunal de aforados será de 9 miembros, que tendrá tres salas, una investigación, otra de juzgamiento en primer instancia y otra para juzgamiento para segunda instancia.
De la misma forma se plantea que habrá un período de transición con la comisión de acusación actual para que depure las investigaciones.
La Comisión de Acusación sólo funcionará para la investigación del presidente de la República, el vicepresidente de la República y los magistrados de este tribunal de aforados. La misma la integrarán cinco magistrados y no congresistas.
A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó la aprobación de ese artículo, porque en su criterio se hizo de forma apresurada, sin que se haya consultado al gobierno, pero también porque a futuro pueden venir problemas por la forma como se constituyó.
MÁS APROBADO HOY
Un tema más que se aprobó fue que el Procurador General de la Nación no se podrá reelegir, tal y como sucede en la actualidad. En cuanto a este funcionario también la comisión aprobó que se le mantienen sus funciones.
Entre esas funciones se mantuvo que el Procurador puede actuar en los procesos judiciales, tal y como sucede en la actualidad, pero por parte de la senadora de la alianza Verde, Claudia López, se estaba pidiendo retirarle esa función.
Aunque en un comienzo la Comisión quedó empatada para quitar la inhabilidad para ser ministros o embajadores a los congresistas, finalmente se aprobó que sí se le quita ese impedimento a los legisladores.
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