Política


Campaña de Iván Duque asegura que no conoce a representante de Aquarela

EL UNIVERSAL

09 de junio de 2018 12:00 AM

Luego de que la Fiscalía diera a conocer un audio en el que uno de los 3 detenidos por el caso de la construcción del edificio Aquarela ofrece aporte en dinero a la campaña del candidato Iván Duque a cambio de “contraprestaciones”, el Centro Democrático a través de un comunicado oficial aclaró dichas afirmaciones. (Lea aquí: Imputan cargos a curador y representantes de Aquarela)

“La única persona que puede obligarse, que puede recibir donaciones en dinero o en especie, y que puede solicitar, contratar y/o gestionar financiamiento y autorizar aportes a nombre de la campaña, es el gerente y representante legal de la misma, Luis Guillermo Echeverri Vélez”, comienza diciendo el oficio.

Agrega que “con relación a audios recientemente presentados en procesos judiciales, la campaña se sirve informar que el gerente nunca ha conocido, ni ha tenido conversación, ni relación alguna con el señor Lucas Tamayo ni con ninguna persona en Antioquia de nombre Miguel. Que dentro de la estructura de la campaña no existen personas que tengan dichos nombres. Que toda la información relativa a las personas que trabajan en la campaña, está disponible y puede ser verificada en el aplicativo ´Cuentas Claras' del Consejo Nacional Electoral’. Y que la campaña en concordancia con la legislación electoral vigente, solo recibe aportes y donaciones en cheque o en especie de personas naturales, y no solicita ni recibe aportes o donaciones de personas jurídicas ni de entidades sin ánimo de lucro2.

Finalmente, aclara que la campaña no tiene relación económica, comercial, ni de ninguna otra índole, con la 'Asociación Primero Colombia', entidad de la cual el Gerente de la campaña es representante legal ad-honorem desde el año 2012. 

Cabe recordar que el pasado martes fueron capturados Lucas Tamayo junto al curador urbano de Cartagena, Ronald Llamas, y el arquitecto Claudio Restrepo, en medio de un proceso por permitir la presunta construcción de viviendas de interés social, vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el caso del proyecto multifamiliar Aquarela.

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