La senadora Daira Galvis le exigió al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), José Miguel Mendoza, que le explique quién es el representante legal actual de la empresa Electricaribe, porque según la Ley 142 la Superintendencia debe nombrar un solo agente especial o interventor que para este caso es Javier Lastra y no considera lógico que Edgardo Sojo también la represente y haya sido nombrado como presidente de la empresa, porque aumenta los costos.
“La SSPD nombró a un presidente de la empresa intervenida, Edgardo Sojo. Ahora bien, si el propósito es reducir al máximo los costos de la empresa, no es lógico que se disponga de dos altos funcionarios que representen al mismo tiempo a Electricaribe”, le dice Galvis a Mendoza.
La vicepresidenta del Senado, Daira Galvis, manifestó su “desconcierto” por las decisiones que ha tomado el agente especial, interventor de la empresa Electricaribe, Javier Lastra, y que han sido ratificadas por el nuevo presidente de esta entidad Edgardo Sojo, y quienes fueron designados por José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
“He quedado perpleja porque según los medios, Electricaribe avisa a 350 grandes clientes que busquen otro proveedor en 2017; y que la empresa no tiene energía para atender el mercado no regulado, entre otras afirmaciones”, menciona Galvis.
A la senadora le preocupa que las justificaciones de Lastra y Sojo, estén enmarcadas en el hecho de que “Electricaribe S.A. E.S.P. va a dedicarse a negociar energía con los generadores para el mercado regulado que en su mayoría son residenciales y no va a adquirir compromisos para poder venderle energía a los usuarios no regulados, es decir aquellos que consuman más de 55000 KWH por mes, o sea a los usuarios que pagan puntualmente y oxigenan diariamente los diferentes ciclos de facturación del flujo de caja”.
Según Galvis, le causa curiosidad “que un sector afectado dentro de los no regulados es el de alumbrado público de los municipios y distritos, que es el que mejor paga, ya que desde que se inicia cualquier mes, los usuarios empiezan a pagar su factura de energía eléctrica y dentro de esta está incluido el impuesto de dicho servicio público no domiciliario”.
“Es impresionante que el ingeniero Sojo no haya tenido en cuenta los treinta días de plazo que ustedes (Superservicios) otorgan para que los distritos y municipios contraten con un comercializador la energía que demanda el sistema de alumbrado público, incluyendo semaforización, no son suficientes para lograr un acuerdo económico ya que el mismo debe seguir las pautas señaladas en el Decreto 2424 de 2007”.
EMPRESA GRINGAGalvis cree que una vez se venza el plazo máximo para tomar una decisión se ordenará la liquidación de Electricaribe por su inviabilidad financiera. “Claro, de inmediato saldrá el nuevo operador que dicen ya se está preparando con empresas norteamericanas y particulares de la región”.
El servicio de alumbrado público se verá afectado por decisiones de Electricaribe, ahora que está intervenido, denunció la senadora Daira Galvis, en carta enviada a la Superintendencia de Servicios.
