Le tocó el turno a la defensa de los ocho concejales implicados en presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo como contralora distrital en enero de 2016.
En las audiencias que se siguen por el caso, la Fiscalía seccional 53 presentó todo un arsenal de pruebas, basadas en más de mil audios de llamadas interceptadas a los celulares de estos servidores públicos.
La Fiscalía presume que a través de un pacto, varios concejales, a sabiendas de que no se podía elegir, votaron por Fontalvo, y pretendieron apropiarse de puestos y recursos del Distrito.
La Fiscalía entre otras pruebas sostiene que una testigo clave, Joyce Escorcia, denunció que sí conoció que los concejales señalados recibieron un sobre con dinero en el apartamento del concejal Javier Curi.
“Testigo no vio nada”
Pero la abogada defensora de uno de los concejales, sostuvo a El Universal que el testimonio de la “testigo clave” se caería, ya que “en lo que concierne a la testigo protegida, todo surge del testimonio de que no vio nada (entrega de sobres con dinero) pues estaba en la cocina (de aquel apartamento)”.
En este punto, supone la Fiscalía, que para elegir a Nubia Fontalvo como contralora se pagó en dinero el voto de cada concejal, que se presume fueron 32 millones de pesos, tal como al parecer lo dice el exconcejal Jorge Useche en una llamada interceptada cuando indicó que se les entregarían “32 libros para cada uno”.
Advierte además la defensora que el proceso de elección de contralores y contraloras en el país “aún no está reglado”.
Por los supuestos hechos de corrupción permanecen desde hace siete meses en la cárcel de Sabanalarga para funcionarios, el exalcalde de Cartagena Manolo Duque, y el exconcejal conservador Jorge Useche.
Asimismo la propia excontralora elegida, Nubia Fontalvo, está detenida en la cárcel de mujeres de San Diego, de manera preventiva mientras avanza su juicio; y también el abogado José Julián Vázquez, primo del exalcalde Manolo, señalado por la Fiscalía de haber usurpado funciones en la Alcaldía de su pariente.
En esta fase, la Fiscalía imputa de los delitos de prevaricato por acción y de cohecho, y pide cárcel, para los concejales Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Ronald Fortich Rodelo. Asimismo el caso salpica al exconcejal Zaith Adechine Carrillo, y a la exsecretaria general del Distrito, Luz Estela Cáceres.
“No hay prevaricato”
Para la abogada defensora, “existe una sustentación errónea con base en el fallo del Consejo de Estado, que tumbó la elección de Nubia Fontalvo como contralora, siendo que es una acción electoral sobre el acto administrativo que lo declara, no en los votos que son una representación política en las corporaciones colegiadas", dice la jurídica.
“Hemos desvirtuado el prevaricato por la inexistencia de los elementos del acto administrativo en un voto nominal; asimismo sobre el cohecho resalté que mi representado (concejal) ha trabajado un proyecto político basado en la inclusión de la mujer en los distintos escenarios de Cartagena, razón por la cual su voto (por Fontalvo) fue de opinión por considerar que el argumento de la inclusión de género era válido”.
Sobre contratos OPS
La jurídica explica, en lo tocante a las erróneamente llamadas Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), que “no son OPS sino contratos de apoyo a la gestion, reglados por el Decreto Único Reglamentario 1080, necesarios para la función pública por contratación directa”.
Advierte que “las llamadas que se escuchan provenientes de Luz Estella Cáceres, a concejales, es justamente para llenar esa necesidad urgente con personas que cumplieran los requisitos. No es dable concluir que eran para incurrir en cohecho, puesto que cada cual indicaba su lista de personas según participación política, que era representativa de su carácter de representantes del pueblo. Pero no existen pruebas de que solo si las personas son recomendadas pueden acceder a un contrato de presentación de servicios de apoyo a la gestión. Son justamente contratos necesarios para suplir los vacíos de personal por ser una carga laboral exhorbitante para el ente territorial”.
RECHAZAN CÁRCEL
Sobre la petición de la Fiscalía y la Procuraduría de pedir cárcel para los concejales, sostienen los defensores “que no es procedente, por no existir la prueba exigida por la ley, amén de que los concejales han permanecido prestos a comparecer, pese a que hace 6 meses saben del cuestionamiento penal, haber sido citados en varias ocasiones y tener un arraigo demostrado”.
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