La investigación por las ‘chuzadas’ del hacker Andrés Fernando Sepúlveda a participantes de la campaña presidencial del año pasado y a negociadores del proceso de paz en La Habana, parece haber entrado al momento de definiciones.
Las citaciones a interrogatorio que formuló la Fiscalía General de la Nación al ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David, y la versión ampliada que debe rendir el ex asesor espiritual de esa campaña, Luis Alfonso Hoyos, se han prestado para toda clase de interpretaciones.
Una de ellas es la que formula el abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Zuluaga, quien considera que su cliente no solo no cuenta con garantías suficientes en el proceso que adelanta la Fiscalía sino que, además, se trata de una “persecución política”.
Según el jurista, desde marzo de 2014, cuando estalló el escándalo del hacker Sepúlveda, la Fiscalía “no ha manejado este caso con la discreción y la reserva que le ordenan la Constitución y la ley, sino que lo ha hecho de una manera mediática, pública, mediante constantes filtraciones a algunos medios de comunicación”.
Incluso, el jurista sostiene que su cliente “no tiene garantías de la Fiscalía”, puesto que no ha podido acceder al video que supuestamente relacionaría al ex candidato presidencial del Centro Democrático con el hacker.
Granados recuerda, además, que su defendido aún no ha sido imputado, ni siquiera indiciado, sino que apenas fue citado a un interrogatorio al cual asistirá, aunque jurídicamente no está obligado a hacerlo y hasta puede asistir y guardar silencio.
De todas maneras, son varias las actuaciones judiciales del organismo acusador del Estado que hacen prever que el proceso del hacker comenzará a producir prontas decisiones. Una de ellas, el próximo 13 de febrero, cuando el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá definirá si acepta o no el preacuerdo de la Fiscalía con Sepúlveda, quien se allanaría a los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso indebido de comunicaciones, cohecho y simulación de investidura.
De aprobarlo -y así lo admite el abogado Granados Peña- “se puede hablar de otro escenario donde ya no se hablaría de presunción de inocencia” para los indiciados.
RESUMEN DE LO ACTUADO
El hacker Sepúlveda fue capturado en mayo de 2014, y pocas semanas después fueron enviados a prisión un policía, dos Cabos del Ejército y un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército.
A ello se suma que este viernes la Inspección General de las Fuerzas Militares relevó de sus cargos a 20 integrantes de la Fuerza pública (10 oficiales, ocho suboficiales, un Patrullero y un civil) y retiró del servicio activo a tres oficiales, un suboficial y un patrullero de la Policía, vinculados al caso ‘Andrómeda’, primera oficina de interceptaciones ilegales vinculada a este escándalo.
Esto demostraría la tesis que ha planteado la Fiscalía de que ‘Andrómeda’ y el hacker “tienen total relación”.
A todo lo anterior se suma que el Consejo Nacional Electoral inició una indagación preliminar para establecer si los $230 millones que le habría pagado David Zuluaga a un hermano de Sepúlveda fueron a título personal o como gerente de la campaña del Centro Democrático, pues no figuran en los gastos electorales.
Con base en ese panorama, Colprensa consultó a expertos en Derecho Penal sobre el proceso que adelanta la Fiscalía y la eventual ‘persecución política’ que argumenta la defensa de Óscar Iván Zuluaga.
OPINAN EXPERTOS
“¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?”
Alfredo Beltrán Sierra, ex presidente de la Corte Constitucional
El jurista dice que una obligación que establece la Constitución para todo ciudadano es la de “colaborar con la administración de justicia cuando nos llamen”, por ello califica de “normal” que Óscar Iván Zuluaga anuncie que asistirá al interrogatorio en la Fiscalía el próximo 30 de enero.
“Me parece que hablar de persecución política es un argumento absolutamente etéreo que se viene alegando en algunos casos conocidos para eludir el compromiso de eludir la acción de la justicia. Hasta ahora no hay ningún acto positivo que pudiera configurarse como tal”, explica Beltrán Sierra.
El experto considera que si la Fiscalía lo citó a interrogatorio es porque considera que “sí hay circunstancias que se deben aclarar”, pero la última palabra la tendrán los jueces.
“Es prematuro hablar de solidez jurídica de los argumentos jurídicos de la Fiscalía, este proceso apenas está en su etapa inicial. Sería irresponsable hablar en este momento de juicio condenatorio. La Fiscalía es la que tiene que demostrar la solidez de sus pruebas ante el juez”.
“ES UN HECHO ABSOLUTAMENTE JURÍDICO”
Francisco José Sintura, ex vicefiscal general de la Nación
Para este catedrático, el solo hecho de descubrir un centro ilegal de interceptaciones telefónicas obliga a la Fiscalía a la apertura de una investigación preliminar. “Luego las pesquisas que realice la Fiscalía en ese sentido son un hecho absolutamente jurídico y no un hecho político. La Fiscalía no está para establecer hechos políticos sino hechos jurídicos. Luego se trata de una investigación jurídica”, afirma Sintura.
Sintura sostiene que la Fiscalía “está haciendo lo que tiene que hacer, independiente de que se trate de Óscar Iván Zuluaga o de otra persona. “O sea que es una diligencia absolutamente jurídica y legítima”.
Respecto de los miembros de la Fuerza Pública separados del cargo este viernes por el escándalo de la oficina ‘Andrómeda’ y la filtración de información clasificada al hacker Sepúlveda, el exvicefiscal asegura que “en la medida en que la Fiscalía avance en la investigación y vincule a más personas, se crea mayor solidez a las circunstancias jurídicas con las que darle más seguridad a su investigación penal”.
“NI PERSECUCIÓN POLÍTICA NI FALTA DE GARANTÍAS”
Guillermo Mendoza Diago, ex fiscal general
“No veo por qué se habla de persecución política o falta de garantías si un interrogatorio es apenas una diligencia de simple exploración. Para que la Fiscalía pueda iniciar un proceso penal necesita tener evidencias de peso que le permitan hacer la formulación de imputación de cargos, y eso no ha ocurrido”.
Así lo afirma este experto en Derecho Penal, quien considera que “algunas personas -sin dar nombres propios- desconocen el Sistema Penal Acusatorio”. En ese sentido dice que si la Fiscalía tuviera elementos de peso suficientes no solicitaría un interrogatorio sino que iría directamente ante el juez de Control de Garantías a pedir una audiencia de imputación de cargos y eventual medida de aseguramiento.
Es más, Mendoza Diago explica que la ley establece que en el interrogatorio no se pueden hacer imputaciones y que, incluso, la persona puede acudir y acogerse al derecho de guardar silencio “y no pasa nada”.
Respecto del preacuerdo del hacker Sepúlveda con la Fiscalía, el ex Fiscal General sostiene que “es difícil saber si de ahí saldrán pruebas para iniciar una acción penal contra otras personas”.
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