Según el reporte de la Procuraduría General, en todo el país, “un candidato a gobernación, 14 a alcaldías, 16 a asambleas, 120 a juntas administradoras locales y 578 candidatos a concejos estarían inhabilitados”.
A la fecha el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene más de 800 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas, de las cuales 82 son por solicitud de ciudadanos radicadas ante este ente electoral; y 729 provienen de un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación que da cuenta de posibles inhabilidades por condenas de orden disciplinario, fiscal o penal. De acuerdo a esto la entidad electoral tiene un arduo trabajo para antes de la jornada electoral de próximo 25 de octubre e incluso para después.
Los casos remitidos por la PGN fueron recibidos por el CNE el pasado viernes. Son más de 800 casos que estudiar y resolver para dar la oportunidad a los partidos para que en aquellos casos en los que en efecto el candidato resulte inhabilitado, y como consecuencia de ello, su inscripción como candidato revocada, el partido tenga la oportunidad de presentar un candidato que reemplace el cupo en la respectiva lista.
“Para el caso particular del departamento de Bolívar, existen siete casos, no por solicitud ciudadana, sino únicamente basados en la lista de la Procuraduría, que en principio afectaría 5 candidatos a concejos municipales, uno a asamblea y uno a JAL”. Así lo dio a conocer el magistrado Felipe García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, en visita a El Universal.
“En la mayoría de los casos, las posibles inhabilidades son por las mismas causales que están en la ley 617 de 2000, establecidas en los 4 artículos, para quienes quieran ser alcaldes, gobernadores, concejales u otros cargos”, explicó García.
“Se trata en muchos de estos casos de condenas penales privativas de la libertad o con inhabilidad que van de la mano de procesos disciplinarios adelantados por la Procuraduría, que conllevan como pena adicional la inhabilidad para ejercer cargos públicos”, dice García.
Presuntos inhabilitados
La presunción de inhabilidad en Bolívar recae sobre 7 candidatos.
Son Hermes José Martínez Pérez, candidato a la Asamblea por el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, por violación a la Ley 734 de 2002; Jorge Eliécer Cruz Vives, candidato a la edil o Junta Administradora Local (JAL) en Cartagena por el Movimiento Barrios Unidos de Cartagena y Bolívar (MOBUC) por violación a la Ley 136 de 1994 artículo 124 numeral 2.
Según la Procuraduría los siguientes candidatos estarían incursos en inhabilidad por violar la Ley 617 de 2000 y su artículo 40: Carlos Eduardo Artúz Sánchez, candidato al Concejo de Soplaviento, por el movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); Lewis Enrique Montes Beltrán, candidato al Concejo de El Carmen de Bolívar, por el Partido Opción Ciudadana; Dayner Gil Rangel, candidato al Concejo de San Martín de Loba, por el Partido Cambio Radical; Adison Flórez Borré, candidato al Concejo de Arenal, por el Partido Alianza Verde; y Mario Monroy Soraca, candidato al Concejo de Cicuco, por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
Trashumancia
García asistió al Comité de Seguimiento electoral que en el Distrito convocó el secretario del Interior Roberto Barrios en donde expuso estos casos y otros sobre el control que está desplegando la entidad para frenar y castigar los casos de trashumancia electoral o trasteo de votos.
“Sobre trashumancia en Bolívar, podemos decir que de las más de 800 denuncias que ha recibido el CNE, 38 de ellas corresponden a este departamento, e involucran a 22 de los 48 municipios del departamento; eso quiere decir que 43% de los municipios tiene al menos una denuncia por trashumancia”, explicó García.
El magistrado explicó que la entidad está enfocando todos sus esfuerzos a trabajar y velar por unas elecciones trasparentes y sin corrupción.
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