Para la magistrada Claudia Patricia Peñuela, quien preside el Tribunal Administrativo de Bolívar, lo que hizo el Consejo de Estado en el caso del concejal Jorge Useche fue confirmar un fallo de primera instancia, en la decisión que se tomó en este tribunal.
La magistrada hizo la claridad sobre el caso, y reiteró que cuando los procesos tienen segunda instancia estos pasan al Consejo de Estado para su pronunciamiento o decisión.
Asimismo la togada reiteró que en el fallo se declaró la nulidad del formulario E26, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, por el cual Jorge Useche pudo reclamar su credencial y posesionarse en el cargo de concejal. En la decisión el Tribunal canceló la de Useche.
Fue precisamente el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su sala de decisión 3, con sentencia 6, que declaró la elección de Rodrigo Reyes Pereira como concejal, por el partido Conservador.
“Todas estas actuaciones fueron confirmadas por el Consejo de Estado”, explicó Peñuela.
El mismo Tribunal decidió solicitar que no se expidiera otra credencial a Reyes Pereira, ya que este candidato pudo entrar al Concejo y asumir una curul, Pero en cambio, la Sala comunicó la decisión al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional para que procedan a expedir la credencial respectiva al candidato del Partido Conservador que siga en el orden.
Estas notificaciones también deben ser tenidas en cuenta por la mesa directiva del Concejo de Cartagena.
Tres candidatos siguen en el orden en la lista conservadora y potencialmente alguno de ellos entraría al Concejo. Son ellos: Óscar Marín Villalba, Libardo Díaz Martínez y William López Camacho.
Mientras tanto, Jorge Useche, a sus escasos 29 años, se ha convertido en el concejal más impopular de toda la historia de la política local, debido al escándalo de la elección de Nubia Fontalvo y a un grueso número de conversaciones que sostuvo por teléfono y que revelaron un presunto plan para delinquir con la administración pública. Ahora, además debe beber el trago amargo de quedarse sin credencial.
Se cree que esta decisión que lo despoja de su rol de servidor público no afecta la orden del juez de darle cárcel en la prisión de Sabanalarga, exclusiva para funcionarios.
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