Si los concejales Américo Mendoza Quessep, de Alianza Social Independiente (ASI), y César Pión González, del partido de La U, son vencidos en un juicio oral que se realizará los días 23 y 24 de marzo del próximo año, podrían perder su curul y afrontar sanciones penales.
Ambos cabildantes serán juzgados por el presunto delito de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento privado.
La decisión de llamarlos a juicio oral la tomó el pasado viernes el juez Quinto del Circuito de Cartagena con Funciones de Conocimiento, Pericles Rodríguez, quien presidió la audiencia de acusación en su contra, en el Centro de Servicio Judiciales de la plaza Benkos Biohó.
Allí, una delegada de la Fiscalía anunció el listado de los testigos que convocará para el juicio oral. Entre ellos están los exconcejales Adolfo Raad y Pastor Jaramillo, y el jefe de presupuesto del Distrito, Alberto Llama.
El abogado defensor de los concejales investigados, Hernando Osorio Rico, manifestó que presentará sus testigos más adelante.
“ESTAMOS TRANQUILOS”
Tanto Mendoza como Pión aseguran estar tranquilos frente al juicio que se avecina. Sin embargo, el primero prefirió no ahondar en declaraciones.
Por su parte, Pión explicó que “es un proceso viejo a raíz de un derecho de petición que le hicieron a Judith Pinedo, Campo Elías Terán y al Concejo, solicitando el pago de unos derechos salariales. Los derechos de petición tienen que ser respondidos y nosotros no lo hicimos arbitrariamente sino después de haber solicitado concepto al departamento jurídico de la Alcaldía y legalidad a financiera. Se nombró una comisión conformada por Pastor Jaramillo y Wilson Toncel, todos conceptuaron que era viable y se le dijo al Distrito que pagara”.
“Del hecho de decir que pagaran -anotó- se agarraron para hacernos una persecución política. El fiscal anterior nunca aportó que la Procuraduría por el mismo caso nos eximió en primera y segunda instancia”.
El concejal recalcó que “la persona que interpone la denuncia fue inhabilitada por 12 años por haber pagado algo que no debía y la Fiscalía nunca lo ha condenado (...) En la ciudad se preocupan por perseguir a alguien políticamente porque hace debates, quieren su puesto, pero no hay cárcel para los responsables de las calles y escuelas que no fueron terminadas, los puestos de salud que no fueron entregados, los lotes que se han robado. Le dañan la imagen a uno por intereses políticos”.
“No tengo temor -añadió-. Espero que la justicia defina con toda tranquilidad”.
EL CASO
El proceso contra Mendoza y Pión se inició en el año 2012 cuando fueron denunciados por el exconcejal Adolfo Raad, porque siendo Pión presidente y Mendoza primer vicepresidente del Concejo Distrital, autorizaron el pago de unas obligaciones laborales a sus colegas por un valor de 7200 millones de pesos, al parecer sin contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), como indica la Ley.
En su momento, los cabildantes expresaron que los dineros no alcanzaron a girarse, sin embargo, para el denunciante el delito alcanzó a tipificarse.
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