El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cartagena amparó los derechos colectivos de moralidad administrativa y patrimonio público del Distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar al considerar que habían sido vulnerados, en razón de pagos excesivos a favor de concejales, diputados y otros servidores públicos.
El fallo obedeció a una acción popular presentada desde el 2010, por el ciudadano Jorge Quintana Sosa, que acreditó en el proceso, que durante 2006, 2007 y 2008 un grupo de concejales, diputados y funcionarios, recibieron salarios, prestaciones y honorarios por encima del límite máximo fijado por la legislación colombiana.
Durante los años narrados, los concejales cobraron de manera irregular al Estado, representado en el Distrito, sumas superiores a $298 millones, que deberán ser reembolsadas con la respectiva indexación hasta la fecha de su restitución.
La medida cobija a los entonces concejales Clara Calderón, Antonio Quinto Guerra, David Dáger, Heider Benavides, Jorge Cárcamo, Lewis Montero, María del Socorro Bustamante, Miguel Henry Argel, Rafael Meza, William López, Argemiro Bermúdez, Boris Anaya, Daniel Vargas, Enrique Segovia Brid, Jhony Romero, Jorge Lequerica, Lorenzo Hodeg, María Elena Gutiérrez, Orlando Buelvas y William García Tirado.
El fallo igualmente responsabiliza de esta conductas a los exalcaldes Nicolas Curi y Judith Pinedo, lo mismo que a los ex contralores distritales Eduardo Villalba Bustillo y Hernando Sierra Porto.
Es de anotar que esta decisión es de primera instancia y puede ser apelada dentro de los términos legales, por parte de los afectados.
Para Quintana Sosa, todo comenzó cuando la Contraloría General de la República hizo una auditoría tanto al Distrito como al Departamento y encontró que no se estaba cumpliendo con lo establecido en la Ley 617 de 2000, respecto del pago de salarios y honorarios a servidores públicos.
“El Departamento estaba en Ley de Quiebra, y para la época estaba en la tercera categoría, sin embargo, los sueldos se pagaban como si estuviera en primera categoría, y como si el departamento gozara de solvencia. Con el Distrito también ocurrió lo mismo y los alcaldes, personeros, contralores y concejales recibían más de lo debido”.
A los diputados del Departamento de Bolívar, “actualmente se les sigue pagando 3 millones 700 mil pesos mensuales, como si estuvieran en categoría 1, y solo hace seis meses que el departamento recobró dicha categoría”, explicó Quintana Sosa.
Ante estas irregularidades que afectan el patrimonio y la moralidad pública, él presentó en el 2010 acción popular a través de la cual solicitaba al juzgado administrativo, que ordenara restituir al Distrito, salarios y honorarios recibidos de más, durante los años 2006 – 2009. Y que igualmente los diputados restituyeran lo recibido de más, desde el 2007 hasta la fecha.
“Este fallo los obliga a devolver los sueldos y honorarios, y para ello tienen tres meses después de la notificación. Los concejales deben devolver 290 millones de pesos, aunque la cuantía podría aumentarse a 600 millones. Los diputados 1390 millones, aunque con intereses podría ascender a 5 mil millones”, comentó Quintana Sosa.
En cuanto a la apelación, Quintana dijo que los involucrados pueden hacerlo, pero que específicamente los concejales, aceptando el fallo celebraron un acuerdo de pago, y están cumpliendo con el dicho acuerdo. “Así se libran de una sanción fiscal, pero no de los procesos disciplinarios y penales, que les tocará asumir”.
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