Ante el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, en Bolívar, Gustavo Castro, acudieron los abogados Wilson Toncel y Amada Ojeda, en defensa de los 16 concejales actuales de Cartagena, y 10 exconcejales, suspendidos el martes en primera instancia.
El Procurador imputó cargos a estos servidores públicos por haber elegido a una mujer, Nubia Fontalvo, como contralora distrital, y haber optado por el mecanismo de convocatoria pública en vez del concurso de méritos.
Decidió el ente sancionarlos con suspensión con periodos comprendidos entre 6 y 12 meses.
La defensa
Los concejales presentaron apelación la cual sustentaron ayer.
De acuerdo a David Múnera, exconcejal y abogado cobijado con la medida, la Procuraduría los señala de haber incurrido en falta, por constituir una terna que incluyó a una mujer y haber optado por el mecanismo de la convocatoria pública.
“Como concejal participé en la aprobación del Acuerdo 020 de 2015, que reglamentó la elección del Contralor Distrital, mediante el cual se crea una terna con la participación en ella de una mujer, obedeciendo al principio de la equidad de género”, expresó.
“El mencionado Acuerdo es emitido por el Concejo con fundamento en el Acto Legislativo 02 de 2015 que expresa taxativamente que los concejos de Colombia para el caso del nombramiento del Contralor deben hacer una convocatoria pública con base en los principios del artículo 126 de la constitución política nacional que establece: el mérito y la equidad de género”, dijo Múnera, quien apeló a dicha equidad como base de su defensa.
“No es posible que en Cartagena donde hay tantos actos de corrupción , que yo y muchos otros hemos denunciado, y demostrado cómo se roban la ciudad, los corruptos anden sueltos y el Procurador se dedique a perseguir a quienes defendemos el cumplimiento de la Ley”, agregó.
Por su parte la abogada de 13 de los concejales Amada Ojeda explicó que “hay que hacer una precisión, el fallo emitido es de primera instancia por eso apelamos; este fallo tiene varias imprecisiones que esperamos demostrar ante la sala disciplinaria”.
“Una de esas fallas es que se les endilga a los concejales el conocimiento de una circular, la cual nunca llegó. Además el acto legislativo 012 delegó las competencias en los concejos, y los obliga que para el cargo de Contralor debía hacerse una convocatoria pública, distinta a un concurso de méritos que es exigido para la elección de personeros”, explicó la jurista.
“En la convocatoria pública es elegible cualquiera de los entrevistados que bien puede ser una mujer”, explicó Ojeda quien junto con el abogado Wilson Toncel ejercen la defensa de los concejales.
“Estamos en Cartagena, la ciudad de las maravillas, se nos sindica de que no cumplimos la norma por haber incluido a una mujer en la terna para Contralora. La gente debe estar tranquila porque la suspensión obedece a que no acatamos las directrices en una circular que enviaron en diciembre, nosotros elegimos en noviembre”, expuso por su parte César Pión.
“Ni reemplazos ni sesiones”: CNE
Ahora el balón lo tiene la sala disciplinaria de la Procuraduría General, que debe resolver los recursos de apelación. Entre tanto crece la expectativa de qué pasará con el Concejo el cual está próximo a empezar un nuevo periodo de sesiones ordinarias en octubre.
Al parecer un caso similar ocurrido en 2013, con catorce concejales que fueron suspendidos en Riohacha (Guajira), resuelve algunas dudas.
Con la salida de 16 concejales de Cartagena quedan tres concejales, Vicente Blel, David Caballero y Carlos Barrios. En Valledupar también quedaron tres, por ello se elevó una consulta al Consejo Nacional Electoral para saber si las vacancias podían ser reemplazadas o si los tres habilitados podían sesionar.
El CNE con ponencia de los magistrados Nora Tapia, Pablo Gil De la Hoz y Bernardo Franco, le respondió al abogado José Manuel Abuchaibe, que no podían ser reemplazados los concejales suspendidos, pero que además los tres restantes no podían sesionar. El ente recomendó una reforma al articulo 134 de la Constitución, y que fuera el Departamento de la Función Pública el que determinara qué pasaría con el municipio de Riohacha por la ausencia temporal de la mayoría de los concejales.
Nunca hubo reemplazos en el Concejo de Riohacha y esa corporación volvió a sesionar cuando todos los suspendidos pagaron su sanción. Eso es lo que mantiene en vilo a Cartagena, una ciudad que podría paralizarse con el Concejo, ya que varios proyectos cruciales deben definirse en este periodo como la aprobación del presupuesto.
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