El Concejo de Cartagena aprobó la proposición de citación y debate al gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, y a su director de Operaciones, Álvaro Tamayo, que busca indagar sobre el funcionamiento del sistema.
La propuesta fue presentada por el concejal César Pión, del Partido de La U.
Un cuestionario de 17 preguntas solicita informe sobre frecuencia del servicio, comportamiento de las rutas, número de buses despachados y kilómetros recorridos de acuerdo a los estándares que contiene la planificación de los trayectos. Así mismo el concejal proponente, Pión, señala que es importante conocer cómo está el equilibrio financiero de la empresa y en detalle, los reportes de pago con las empresas operadoras.
Chatarrización
Otro de los asuntos que serán motivo del debate es el caso de la chatarrización. “Queremos saber de manera discriminada lo que se ha chatarrizado y aparte de eso quién vigila el proceso e informe sobre los vehículos incluidos en la relación”, declaró el concejal de La U.
Recientemente el Concejo recibió un proyecto de acuerdo que busca hacer un empréstito por 20 mil millones de pesos para cumplir con el plan de chatarrización de buses y busetas que deberán salir de circulación, y despejar el camino para los buses de Transcaribe y el sistema integrado en su conjunto.
Sobre Colcard
Pión también solicitará a la Contraloría y demás órganos de control, resultados en la investigación sobre un posible incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos con el distrito por parte del consorcio Colcard, firma encargada del recaudo y la operación tecnológica de Transcaribe.
Lo anterior ante quejas de ciudadanos, dos multas y otros dos procesos sancionatorios para la empresa recaudadora, por presuntos incumplimientos de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión.
Para el concejal de La U, Colcard comete un irrespeto con la ciudad al no ofrecer todos los servicios previamente establecidos en el convenio, y privar a los usuarios de tener un sistema eficiente donde se pueda recargar en línea o evitar los transbordos parciales.
“Transcaribe es público por tanto nosotros como coadministradores debemos hacerle todo el control político, y los órganos facultados por la ley deben entregar resultados de las investigaciones. En ese sentido la mesa directiva oficiará en las próximas horas una petición y estará atenta al pronunciamiento de Contraloría y Procuraduría”, expresó el concejal.
En Concejo había solicitado en 2017 que se declarara la caducidad del contrato.
"Estamos prestos a dar estos debates de control político por el mejoramiento continuo del servicio de transporte Transcaribe y por el bien ciudadano”,expresó Wilson Toncel, presidente del Concejo.
En un debate en el Concejo el 5 de abril de 2017, quedó en evidencia que Smartmatic y Dataprom sostienen un lío jurídico difícil de resolver que aún está vigente.
Estas firmas conforman el consorcio Colcard, recaudador de Transcaribe. Sin embargo, sus voceros sostienen que ese problema no afectará la operación, ni los recursos, ni se apagará el sistema. Se les indagó en ese momento, ¿quién maneja la tecnología del recaudo de Transcaribe? ¿Qué pasa en Colcard? ¿Existe un lucro cesante y demandas contra el Distrito? ¿Se frenarán la operación o el recaudo? Preguntas que aún seguirán vigentes para el debate próximo a realizarse.
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