La figura de la silla vacía, después del paso de la ley de equilibrio de poderes, se aplica a las corporaciones públicas y a los elegidos por voto popular que resulten condenados por delitos contra la administración pública, por peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato y abusos de autoridad, de conformidad con el Código Penal.
La silla vacía logró que los partidos políticos no pudieran reemplazar a los judicializados. El antecedente en el país era que las renuncias o inhabilidades de un congresista, por cualquier motivo, sencillamente daban pie al ingreso del candidato siguiente dentro de su lista. Hoy se cuestiona la efectividad de la silla vacía, ya que hubo otros electores que depositaron sus esperanzas en otros candidatos.
El Concejo de Cartagena no sale del radar de los entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría, con un escándalo tras otro, dejando como resultado un ente diezmado que podría quedar sin ningún miembro, según lo que se comenta en los corrillos políticos locales.
Y el panorama parece oscurecerse cada día más, si se tiene en cuenta el listado de más de 25 casos de presunta corrupción en Cartagena que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez abandera como muestra de su efectividad en el ente acusador.
El viernes la Fiscalía detuvo e imputó cargos al concejal Rodrigo Reyes Pereira, del Partido Conservador, por el escándalo de las construcciones ilegales de los Quiroz, lo que representa otro concejal menos en la corporación.
Con Reyes, doce concejales han salido en los últimos meses por escándalos de corrupción y procesos penales, por lo que se aplica la silla vacía, aún cuando el proceso sea preliminar y la falta temporal. Es decir, estas curules no tienen reemplazo por los candidatos que siguen en las listas de los partidos que fueron votados el 25 de octubre de 2015.
El exconcejal conservador Jorge Useche está detenido en la cárcel de Sabanalarga por presunto cohecho en la elección de Nubia Fontalvo como contralora en 2016, y posteriormente perdió su curul por una demanda electoral. Su curul, que sigue vacía, está peleándola quien sigue en votos en la lista, el exsecretario de Educación departamental Óscar Marín.
Por el mismo caso Fontalvo, están en casa por cárcel 9 concejales: Angélica Hodeg, de la Alianza Verde; Édgar Mendoza Salame, conservador; Antonio Salim Guerra, y Luis Javier Cassiani, de Cambio Radical; William Pérez y Duvinia Torres Cohen, de La U; Lewis Montero, De Opción Ciudadana; Américo Mendoza Quessep, de ASI; y Erich Piña, del Partido Liberal.
Otra baja que sufrió el Concejo, fue la renuncia del concejal liberal David Dáger, quien había sido vinculado a una investigación sobre la contratación de la firma Neurominds S.A.S. para realizar los exámenes a los candidatos para los cargos de Personería y Contraloría en el año 2015.
Todas estas curules son irremplazables ya que se les aplica el concepto de la silla vacía por ser hechos penales de presunta corrupción administrativa.
Los concejales que quedan en el recinto, con voz y voto, son César Pión, Wilson Toncel, presidente de la corporación; David Caballero, Rafael Meza, Vicente Blel y Judith Díaz, quien reemplazó a Ronald Fortich.
El caso Curi
En medio de todo, una curul más estaría en riesgo. El concejal Javier Curi prácticamente se despidió el viernes ante la plenaria, y advirtió que se dedicaría a su defensa. Curi está vinculado también al caso Fontalvo y espera por la programación a una audiencia por ese caso.
El concejal adelantó que hoy no estaría en el Concejo. Aunque no lo expresó puntualmente se cree que Curi tome un receso para su defensa.
Las críticas al método de la silla vacía
La silla vacía tiene defensores y detractores desde que se creó como mecanismo de castigo para los políticos corruptos.
Para algunos sectores políticos y expertos en administración pública, la silla vacía fue un mal invento para los partidos, para las corporaciones públicas y para el elector, porque con esa imposición no se estaría castigando al político ni al partido que haya cometido una falta por corrupción, sino al ente territorial (ciudad, departamento o municipio) que se ve afectado en su institucionalidad y por ende en su desarrollo.
Para muchos un ejemplo claro de lo anterior es la crisis que atraviesa el Concejo de la ciudad, ya que la entidad es la que aprueba proyectos de acuerdo cruciales. El caso del Concejo de Cartagena es un referente para la situación de los concejos en todo el territorio nacional y su incidencia e importancia para el desarrollo del territorio, y su concepto se requiere para el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Manejo del Centro Histórico, PEMP; la resolución del caso de los recursos para las obras del Plan de Drenajes Pluviales, la cual afronta otro traspié jurídico.
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