Para la concejal Judith Díaz la falta de planeación ha sido el principal inconveniente en la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito.
La concejal recordó a la plenaria del Concejo, como muestras de esas faltas, que el programa arrancó 140 días después de iniciadas las clases en las instituciones distritales.
Reveló que: “Se afirma que la exalcaldesa encargada Yolanda Wong había presentado un proyecto para asegurar vigencias futuras para este programa por 16 mil millones de pesos para el 2019 y que además se le había presentado al Concejo un proyecto de acuerdo por este valor para garantizar el servicio los primeros meses del año. Quiero aclarar que nunca nos llegó tal documento”.
Las declaraciones de la concejal surgen luego de la protesta en la plaza de la Aduana en la que las manipuladoras de alimentos del PAE pusieron en el radar público nuevamente la situación en torno a esta contratación.
Habrá debate
Por ello la plenaria aprobó una proposición presentada por la concejal Díaz para un debate de control político en el que se citará a la Secretaría de Educación, Dadis, a la oficina de Control Interno, a la Unión Temporal PAE 2018, al Sudeb, a las asociaciones de padres de familia, a las veedurías, Contraloría y Procuraduría para tratar aspectos relacionados con el PAE.
El debate busca las explicaciones sobre por qué las trabajadoras no tienen ningún documento que las vincule contractualmente con el programa y además, luego de laborar por más de 12 horas, se les paga 10 mil pesos diarios.
¿Y los contratos de supervisión?
Para la concejal hay muchas más pruebas donde se evidencia la cadena de irregularidades que se tejen alrededor del PAE.Díaz denunció que se contrató una comisión de supervisión del programa por parte de la Alcaldía, cuando la Contraloría ya había integrado un equipo especial para este tema.
“Este PAE está cargado de supervisión, pero aun así persisten los retrasos en la entrega de los alimentos, productos alimenticios en descomposición, infraestructura incompleta para la preparación, recurso humano mal remunerado. Y además, el día antes de vencerse la ley de garantías de este año, se había firmado 31 contratos para garantizar la supervisión, cuando el PAE ni siquiera estaba contratado. ¿Qué hicieron esos contratistas desde inicio de año, si el programa se inició el 11 de septiembre?”, preguntó la concejal del movimiento Cartagena con Firmas.
Apoyan debate
A su turno los concejales Óscar Marín, Wilson Toncel y Javier Curi apoyaron la propuesta de Díaz.El concejal Marín pidió que se presente la minuta contratada, porque de ese documento depende la contratación del operador, la logística, el número de manipuladoras, la cadena de frío, y las bodegas.
“A estas madres que ejercen esta actividad de la manipulación de alimentos en principio se les había acordado pagarles entre 18 mil y 20 mil pesos diarios y hoy día les pagan 10 mil pesos. Esta corporación no puede silenciarse ante los atropellos que se están cometiendo con una población vulnerable que necesita y hay que pagarles lo justo”, expuso Marín.
A su turno el concejal Curi exigió un informe de cómo se viene ejecutando ese programa. “No es justo que les paguen 166 mil pesos mensuales. Eso es una explotación. Eso lo hacen porque los famosos operadores sacan sus utilidades del sudor de estas mujeres, porque quieren excederse y sacar todos los beneficios de esos programas”, dijo.
“No solo hay atropellos contra los niños, sino con el personal que trabaja. Es lamentable la denuncia de estas mujeres que están prestando un servicio comunitario, porque el valor que les están pagando es simbólico, 10 mil pesos, por un día trabajado y sin prestación, es vergonzoso”, dijo el presidente del Concejo, Wilson Toncel.
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