Una vez más los funcionarios del Distrito incumplen las citas del Concejo a las audiencias públicas planeadas para conocer en qué se invertirán los recursos.
Esta vez la funcionaria que incumplió la cita fue Dolly González, secretaria de Planeación, quien fue informada de la audiencia de este martes, con la que se inicia el estudio del proyecto de endeudamiento por 250 mil millones de pesos presentado por el ejecutivo.
Los cabildantes se mostraron indignados por el incumplimiento de la funcionaria y pidieron a la mesa directiva del Concejo que se envíe copia a la Procuraduría Provincial de Cartagena para que abra una investigación contra de la misma.
"La funcionaria violó la ley 1617 y 136 del 1994 (Ley de Distritos y ley de funcionamiento de municipios, respectivamente), así como el reglamento interno del Concejo, por lo que solicito se envíe un acta la Procuraduría Provincial para que abra investigación disciplinaria, porque no es primera vez que inasiste. El Concejo debe informar a la Administración", dijo el concejal Antonio Quinto Guerra.
En ese mismo orden el concejal Liberal, David Dager, señaló que "el Gobierno debe ser más serio con estos proyectos por los que fuimos convocados a extras y (por los) que, además, fueron ampliadas sesiones que le cuestan a los cartageneros. Es un pésimo mensaje para la ciudadanía".
Los concejales coincidieron en afirmar que "no es coherente el discurso del Alcalde, que ha dicho que sus funcionarios van a asistir a los debates, pero no llegan"
MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA FUNCIONARIA
Trece de los 19 concejales firmaron una proposición de moción de censura contra la secretaria Dolly González, a quien consideraron que actúa “irresponsablemente y que no cumple sus funciones”.
El concejal Quinto Guerra reiteró que “el Concejo rechaza la actuación de una secretaria que se ha venido destacando por su incumplimiento en el deber de sus funciones y hoy se acaba de aprobar una proposición donde se abre la moción de censura para hacer uso de este instrumento que la Constitución y la Ley prevee a las corporaciones públicas cuando los servidores públicos de carácter distrital incumplen de manera sistemática el ejercicio de sus funciones”.
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