Luego de más de cuatro años, el Juzgado 13 Oral Administrativo del Circuito de Cartagena, dictó sentencia dentro de una Acción de Grupo instaurada por damnificados por la tragedia por una falla geológica que tumbó unas 30 manzanas del sector Lomas de San Francisco.
La sentencia de la jueza Giovanna Bonilla Mitrotti, del 2 de diciembre del año 2016, y notificada esta semana, condena al Distrito de Cartagena y al Ministerio de vivienda al pago de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños morales a cada uno de los 1.669 perjudicados, es decir una suma cercana a los ochenta y ocho mil millones de pesos, aproximadamente; igualmente ordena el pago de aproximadamente 25 mil millones a quienes consideró fueron acreedores por concepto de daño material.
Fueron absueltas las demás entidades demandadas como Corvivienda, Aguas de Cartagena y la aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros, por considerar que no eran las entidades legitimadas para entrar a responder, por los daños ocasionados a la comunidad.
Ordena que en 20 días siguientes a las correspondientes publicaciones del fallo a cargo de las entidades obligadas, se puedan vincular como parte integrante del grupo afectado quienes no concurrieron al proceso y se crean lesionados con derecho a reclamar la correspondiente indemnización.
También ordena al Distrito a “que ejecute el estudio y las recomendaciones dadas por la Universidad de Cartagena para la recuperación del Cerro de la Popa; y a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería Distrital y a la Contraloría Distrital de Cartagena para que insten al ente distrital a tomar medidas reales y efectivas respecto de la problemática que suscitó la acción presentada por el abogado demandante, con la finalidad, de prevenir según su parecer, que se interpongan a futuro más acciones y demandas similares que pongan en riesgo los recursos públicos.
Hay apelación
Ante el fallo, el abogado demandante Luis Correa, presentó un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, al considerar que “con el pronunciamiento se atenta flagrantemente contra los derechos fundamentales de la parte que representa, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso constitucional”.
“A quienes se les reconoció resarcimiento del orden material, se le hizo en sumas ínfimas que no alcanzan ni si quiera para que puedan acceder a una vivienda de interés social, sino también de los más de 3 mil afectados que fueron injustamente cercenados en sus derechos al negarles la posibilidad de acceder a reclamar su indemnización, muy a pesar de figurar como damnificados en los censos del Distrito”.
“Nuestra apelación está dirigida a que se incluyan a las personas y sectores como los comerciantes y la comunidad del Sinaí que injustamente fueron excluidas del grupo, debido a una estrictez y exigencias injustificadas y desmedidas en la valoración de las pruebas efectuadas por el operador judicial”, dijo Correa a El Universal.
Esperaban más dinero
Los demandantes esperaban más de 100 millones de pesos promedio por cada casa.
Para Correa “La suma que equivale al monto de las indemnizaciones que ordena el despacho resulta abiertamente contraria a derecho ya que una persona promedio, que perdió todo lo que tenía, su casa, su sustento, su entorno y su modos vivendi, no tiene ni si quiera para acceder hoy día a una casa de interés social sin mencionar el resarcimiento moral que implica el daño sufrido por los afectados.
“El fallo se produce después de que los afectados presentaron varias acciones de tutela, quejas ante el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, por violación al debido proceso, y por la dilación injustificada del fallo, ya que el proceso permaneció más de un año en el despacho de la juez después de presentados los alegatos de conclusión, tutelas que fueron acompañadas de sendas protestas contra el despacho del conocimiento”, argumentó Correa.
Inés Naar, una habitante afectada y líder de la comunidad expresó que el fallo “es vergonzoso”.
Naar aduce que “la juez dejó por fuera a 360 familias del sector Sinaí que también son de San Francisco”. Advierte que el monto no alcanza a resarcir el daño material ni moral de las familias.
No se conoce un pronunciamiento del Distrito sobre la decisión, pero el El Universal conoció que la administración espera conocer de fondo la sentencia.
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