El excandidato presidencial samario, Carlos Caicedo, recibió el respaldo por parte de la llamada bancada alternativa del Congreso de la República, luego que el citado frente de oposición al Gobierno, le solicitó al Ministerio Público y a los órganos de control garantizar la protección del dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana.
Son 18 congresistas de diferentes partidos y organizaciones políticas los que firmaron una carta dirigida a la Fiscalía, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, con el propósito de dar cuenta de una posible persecución política de la cual sería víctima Caicedo.
Se trata de los congresistas Antonio Sanguino Páez, Iván Cepeda Castro, Aída Avella, Feliciano Valencia Medina, Pablo Catatumbo, Omar Restrepo, Neila Ruiz, Jesús Castillo, María José Pizarro, Luis Alberto Albán, Carlos Carreño, Julián Gallo, Griselda Lobo, Victoria Sandino, Ángela María, David Racero, Alexander López y Gustavo Bolívar.
“Como congresistas de la República de Colombia, hemos tenido noticia de la situación jurídica y las citaciones enviadas por la Fiscalía (seccional Magdalena) a Carlos Caicedo, dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, con el que nos solidarizamos y queremos expresar nuestra más profunda preocupación por una persecución orquestada en cuanto a denuncias y testimonios por sus opositores, con el único propósito de darle muerte política al mismo y a sus dirigentes, razón por la cual acudimos a sus despachos para exponerles este caso que merece toda su atención, y solicitar las medidas de protección pertinentes para garantizar el derecho fundamental y constitucional a la participación política”, dice la misiva.
Las denuncias del excandidato
Caicedo ha venido denunciando los hechos en mención desde su periodo como mandatario de Santa Marta, lo cual volvió a sacar a la luz pública tras el más reciente caso de corrupción que involucra a los exmagistrados de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar, señalados por la Fiscalía de recibir sobornos por parte de la antigua empresa de Recaudos y Tributos (R&T), filial de la multinacional española Inassa, propietaria de Metroagua en el Magdalena, cuyas concesiones y exfuncionarios también fueron acusados por el excandidato presidencial.
“Esa denuncia me valió una investigación en mi contra por parte de la Procuraduría con el fin de frenar el proceso que habíamos adelantado. Inclusive, el excontralor distrital le pidió al presidente que me retirara del cargo como alcalde porque le preocupaba que fuéramos a fondo contra Inassa. Los políticos del Magdalena también impulsaron dicha investigación en la Fiscalía para que yo fuera detenido porque aquí hay un sistema de corrupción que afecta a las instituciones privadas y públicas”, señaló Caicedo.
El líder político independiente fue a una consulta popular por la candidatura presidencial con el entonces también aspirante Gustavo Petro.
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