“La denuncia que hizo Heriberto Arrecha, respecto del conjuez Diego León Villamarín, es cierta. Todo parece indicar que el conjuez recibió entre $1.500 millones y $2.000 millones con el fin de favorecer a María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña, quienes buscaban ser titulares de las curules de las negritudes en la Cámara baja”, señaló Ray Charrupi, director y fundador de la fundación Chao Racismo.
Según Charrupi, está es una de las situaciones políticas de “chambonadas más aberrantes”, ya que Villamarín redactó un fallo y lo llevó a la Presidencia de la Cámara de Representantes, sin ni siquiera haber llevado su decisión ante el Consejo de Estado, para que la Secretaría de la Sala Disciplinaria convocara a los otros seis conjueces, dentro de los cuales está Alfonso Gómez Méndez.
Por su parte, la secretaria de la Sala Disciplinaria, Yira Lucía Olarte, confirmó que prepara una certificación en la cual argumenta que nunca notició una decisión del conjuez Diego León Villamarín que ordenaba al presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amín, dar posesión a María del Socorro Bustamante Ibarra y Moisés Orozco Vicuña. (Lea aquí: María del Socorro Bustamante se podría posesionar antes del 19 de diciembre)
Varias fuentes del Consejo de Estado indicaron que la desición que protege con medidas cautelares a Bustamante y Orozco, sorprendió a los otros seis conjueces que fueron citados este miércoles para decidir sobre esta tutela, atendiendo a la petición del conjuez Villamarín en la Sala de la magistrada María Mercedes López.
“Si la decisión hubiese llegado a la Sala Disciplinaria y en esta hubiese triunfado la ponencia de Villamarín, la Secretaría lo hubiese notificado ante la Cámara, lo cual no sucedió”, comentó Charrupi, y agregó que “si se revisa el mapa electoral colombiano y se analiza cuáles son los lugares que albergan población afro, estas dos personas no sacaron una votación relevante ahí”.
Según Charrupi, tanto Bustamante como Orozco, trasladaron sus votos de maquinaria y de influencia, para hacerse contar como si fueran afrodescendientes, eso quieren decir, que personas mestizas y blancas de municipios del norte del Valle votaron en la circunscripción afro, como si lo fuera.
“En la inscripción de estas dos personas ante la Registraduría, su aval se convierte en una grosería absoluta, ya que hubo falsificación de firmas, ilegalidades de documento. Se puede ver cómo hay firmas falsas, cédulas equivocadas, cambio de hojas”, puntualizó Charrupi.
LA DENUNCIA CONTRA VILLAMARÍN
Ante el Consejo Superior de la Judicatura fue denunciado el conjuez Diego León Villamarín, quien tiene a cargo el proceso por una nueva tutela que presentaron los políticos María del Socorro Bustamente y Moisés Orozco para posesionarse en la curul afro del Congreso de la República.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Heriberto Arrechea Banguera, quien asegura que en días pasados el conjuez lo buscó para que le dijera cómo quería que quedara el fallo.
"Yo no conocía al señor, ni sabía que era Conjuez, pero cuando me lo presentaron él mismo se identificó como tal y me dijo que tenía en sus manos el proceso de las comunidades negras, que le hiciera un resumen de cómo quería que quedara el fallo, donde yo le manifesté que tenía que consultarle a mi abogado y que estábamos actuando en derecho, y dijo que no colaboráramos", dice la denuncia que ahora deberá ser tramitada en la Judicatura.
EL CASO
Se trata de una tutela presentada por ambos políticos en contra de otra tutela, la que falló la Judicatura el 9 de septiembre pasado, y que mantuvo la imposibilidad de que se posesionaran en sus cargos como representantes de las comunidades afro hasta que el Consejo de Estado estudie de fondo una demanda de nulidad que cursa contra su elección.
Pues ahora, la Judicatura admitió una tutela en la que Bustamante y Orozco alegan la vulneración de sus derechos fundamentales. En el proceso, ya el Consejo Nacional electoral, aseguró que no tiene competencia para pronunciarse y la magistrada ponente de la primera tutela, María Mercedes López, dijo que no es posible interponer una tutela contra un fallo de tutela.
No obstante, el conjuez ponente Diego León Villamarín, en ponencia del pasado 27 de noviembre, aseguró que la nueva tutela sí es procedente porque la primera no atacó una decisión judicial sino actuaciones del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Además, afirma que en este caso, la Judicatura habría reemplazando a la Sección Quinta del Consejo de Estado que esa la competente para estudiar temas electorales.
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