Por no probar nexo causal entre actuaciones investigadas y responsabilidades, la Contraloría General de la República decretó ayer la nulidad del proceso contra el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.
A Gossaín, así como al entonces secretario de Educación departamental, Javier Alberto Posada, y la Diócesis de Magangué, la Contraloría les había imputado cargos de responsabilidad fiscal por $980 millones.
Según el organismo, habrían incurrido en un supuesto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato de prestación de servicios educativos por $14.886 millones.
Como medida cautelar, la Contraloría embargó y retuvo la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual legal vigente del antiguo mandatario departamental, mientras que en el caso de la Diócesis decretó el embargo preventivo de 10 inmuebles de su propiedad.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Gossaín agradeció a su apoderado, el abogado Abelardo de la Espriella, por haber contribuido a que se hiciera justicia.
“Contraloría General falla con nulidad de todo lo actuado desde su inicio en proceso adelantado contra mí por Gerencia Departamental”, dijo en otro tuit.
Por el mismo medio señaló que “Contraloría General de la República ordena el desembargo de 1/5 de mi salario como gobernador que mediáticamente usaron para humillarme (sic)”.
Anotó que “al funcionario de la Gerencia Dptal que inició persecución lo declararon insubsistente meses atrás y fue sancionado por la @PGN_COL”, correspondiente a la cuenta en Twitter de la Procuraduría General de la Nación.
“SE TRATÓ DE UN MONTAJE”
Abelardo de la Espriella aseguró a este medio que “lo que ha quedado develado es que desde la Gerencia Departamental de la Contraloría había una clara intención de enlodar el buen nombre del exgobernador Gossaín. Se hizo un proceso atropellando las formas establecidas por la ley y la Constitución en lo que se refiere al debido proceso y trataban era de mancillar el nombre del exgobernador en plena época electoral”.
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