Una propuesta que busca citar a los inspectores de Policía y a funcionarios de las secretarías del Interior, Planeación, Espacio Público, Control Urbano y General; así como a los curadores urbanos de la ciudad, alcaldes locales y funcionarios del EPA, es estudiada en el Concejo, para adelantar un debate sobre las construcciones en la ciudad.
El debate, según el concejal proponente César Pión, busca analizar las competencias de inspectores de Policía, las quejas recibidas desde la comunidad, las sanciones aplicadas, el valor de multas impuestas y permisos expedidos.
Para Pión hay inquietudes sobre los permisos que están concediéndose para construcciones y que los predios se estarían legalizando con el concepto de inspectores.
Para el concejal es necesario conocer cuál es la articulación con las dependencias citadas para poder establecer a quién corresponde imponer las sanciones a quienes infrinjan las normas urbanísticas.
En ese mismo sentido, la Fundación por Cartagena, Funcicar, propuso crear “una plataforma virtual para verificar las licencias de construcciones, la realización de un diagnóstico para revisión de las edificaciones y la creación de la figura de defensores urbanos barriales”.
El concejal de La U, se mostró de acuerdo con esta propuesta, y estimó que se está extendiendo la práctica por parte de constructores y otros en la ocupación ilegal o indebida de espacios públicos.
En la misma línea, el concejal Javier Curi preguntó qué pasó con los recursos por $9 mil millones para mitigar la situación de las sedes de las inspecciones de Policía, dado que los mismos inspectores habían denunciado ante el Concejo las condiciones precarias con las que realizaban su trabajo sin dotación o equipos adecuados, y saber si estos fueron ejecutados o no.
El manejo del control urbano ha estado en la retina pública, desde que en abril de 2017 colapsara el edificio Portales de Blas de Lezo II dejando a 21 obreros muertos.
El hecho fue el detonante que reveló las irregularidades en el manejo de la construcción en gran parte del Distrito, por las construcciones que se alzan bajo la ilegalidad y la omisión de impuestos o estándares de calidad. El entonces jefe de control urbano de la ciudad fue detenido y está en casa por cárcel, otros exfuncionarios siguen vinculados a la investigación. Asimismo los constructores, varios de los hermanos Quiroz, están en detención e investigados por la construcción de este edificio y otros.
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