Una solicitud de vigilancia especial ante la Procuraduría; y otra administrativa ante la judicatura, sobre la condena impuesta al Distrito de Cartagena y al Ministerio de Vivienda, por la tragedia del barrio San Francisco en 2011, pidió el grupo accionante de familias afectadas.
El Juzgado 13 Administrativo de Cartagena, ordenó a estas entidades pagarle a 1.669 afectados cerca de 51 millones de pesos (70 salarios mínimos) por sus casas derribas por el fenómeno geológico.
Las solicitudes fueron elevadas a José Sepúlveda, procurador delegado ante el Tribunal; y ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena.
La falla geológica afectó y derribó unas 2.400 casas que conformaban unas 30 manzanas en el barrio San Francisco, y la desatención o falta de prevención por parte de estas entidades, ante la inminente remoción en masa, conllevó a la condena el pasado 4 de febrero, luego de haberse interpuesto la apelación por las partes demandante y demandada. Sin embargo, entre los damnificados persiste el descontento ya que advierten que el fallo no reconoce a más de tres mil damnificados incluidos en el censo, y que quedaron por fuera del listado (sector Sinaí). Además los propietarios pedían más de 100 millones de pesos por cada casa y no cincuenta millones.
Proceso congelado
El abogado Luis Correa Martínez, apoderado de las familias dijo que “no escatimará esfuerzos en asumir las actuaciones necesarias para velar por el cumplimiento de los términos en segunda instancia, ya que bastante largo se le ha dado al mencionado proceso”.
El expediente, según afirma el jurídico, “cumplió más de 20 días en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, donde se encuentra desde el 22 de febrero, sin que ingresara al despacho del magistrado correspondiente para su pronunciamiento, situación que nos preocupa porque los 20 días son lo que, según la ley, debe tardar la segunda instancia en decidir la apelación”.
Es por ello que se produce la petición de vigilancia especial y administrativa, ante la Procuraduría y la Judicatura “para que se cumpla con los términos y no haya lugar a demoras injustificadas por parte de los entes competentes”.
Lo anterior, dice la petición, “por tratarse de una acción constitucional y su demora genera mayor perjuicio en la comunidad afectada; y porque se supone se trata de términos procesales perentorios”.
“Lo que queremos es que los habitantes damnificados por la falla geológica del barrio San Francisco vean finalmente, una luz en el camino, luego de su tragedia”, dijo Correa.
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