A algunos miembros del Concejo les preocupa la demanda millonaria contra el Distrito, por 310 mil millones de pesos, instaurada por un grupo de damnificados del barrio San Francisco, tras la tragedia del 2011, que derrumbó 2400 casas en unas 30 manzanas.
Para el concejal Américo Mendoza, proponente del debate, “el Distrito estaría abocado a una situación de falta de liquidez en 2016, de prosperar esta demanda instaurada por propietarios y poseedores, debido al monto que pagaría la administración”.
Por ello citó a la jueza 13 oral administrativa, Giovanna Bonilla Mitrotti, quien lleva el caso; al ingeniero perito, Jesús Cantillo Puerta; a José Carlos Puello Rubio, procurador delegado Judicial; a Janny María Aguas Rodríguez, abogada de Corvivienda; a Ludin Karoll, apoderado del Distrito; al representante de Aguas de Cartagena; y al abogado apoderado de la comunidad Luis Alfonso Correa Martínez.
También citan a la directora de Corvivienda, María Elena Vélez; al secretario de Hacienda, Carlos Granadillo, y a representantes del Ministerio de Vivienda.
Explica el concejal Mendoza que en lo que va del proceso jurídico ya no es procedente citar a miembros de la comunidad por cuanto el debate es para tratar aspectos administrativos y jurídicos.
El concejal considera que el proceso, que es oral, avanza rápidamente y por ello se prevé que su fallo podría producirse en cualquier momento, por lo cual es pertinente la discusión.
Las pretensiones de los demandantes es que se les reconozca 110 millones de pesos por casas destruidas para los propietarios y 70 millones de pesos para aquellas familias que eran poseedoras, más otras acreencias por daños y perjuicios.
“Las preguntas que le haremos a los citados están encaminadas a establecer en qué va el proceso, cuáles son las actuaciones que ha adelantado el Distrito; a Corvivienda le preguntaremos cuántos damnificados han sido reubicados en viviendas de interés prioritario que entrega el Gobierno de manera gratuita”, dice el concejal citante.
“También nos interesa saber cuántas personas han recibido reposición de viviendas a cambio de las que se derrumbaron; y además queremos saber cuáles son las posibilidades que está considerando el Distrito para afrontar esta demanda”, agregó.
Para Mendoza, es importante que la ciudadanía conozca si el Distrito está de acuerdo con la pretensión económica de 310 mil millones de pesos que exigen los demandantes o si se considera que es desmedida.
Las preguntas incluyen también saber qué ha pasado con los recursos por 110 mil millones que giraría el presidente Juan Manuel Santos para estos damnificados.
Para el concejal David Dáger, presidente de la Corporación, la citación es muy importante ya que se trata del futuro financiero del Distrito, de llegar a prosperar esta acción de grupo millonaria contra el Distrito y el Estado.
La inspección judicial
El jueves la juez 13 oral administrativa del Distrito realizó una inspección judicial en el sitio de la tragedia como parte de las pruebas dentro del proceso, al que asistieron la mayoría de los citados a debate.
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