El desmonte de una tarima que estaba dispuesta para la firma de un pacto por parte de la comunidad LGBTI, luego de la marcha que estos realizan durante las Fiestas de Independencia, sigue dando de qué hablar.
Desde cuando se dio la desinstalación de la tarima, en la tarde del 9 de noviembre, el senador del Partido de La U, Armando Benedetti, quien se encontraba en la ciudad para asistir a la firma del pacto LGTBI, dijo que “el alcalde (Dionisio Vélez) es un homofóbico y un discriminador total” y aseguró que “cabe también una demanda por detrimento público porque él fue quien pagó la tarima, la licitó y no la usó. Además me parece un alcalde payaso porque toda la semana habló de las garantías que le iba a dar a estas personas que son minorías por su condición sexual”. Lea aquí: Desmontan tarima que se utilizaría en remate de marcha LGBTI.
Al respecto, el personero distrital, William Matson, aseguró que la administración distrital debe tener en cuenta el trato que se le da a la comunidad LGTBI teniendo en cuenta las leyes nacionales.
“Los miembros de la población LGTBI son sujetos de especial protección constitucional. Lo que nos indica que tiene ciertas prerrogativas en el Estado constitucional y social de derecho. Entonces la administración se equivocó al desmontar la tarima que ellos mismos habían montado”, dijo.
El Personero también señaló que se evidencia una descoordinación dentro de la administración, al ordenar la instalación de una tarima y dar permiso para un evento y luego retirar el permiso.
Con relación al supuesto caso de homofobia dijo que “el senador Benedetti está diciendo que es una caso homofobico, eso habría que estudiarlo, pero si es un acto homofobico sería reprochable desde todo punto de vista”.
Al referirse al supuesto detrimento patrimonial, el personero Matson dijo que es algo que debe estudiarse por parte de la Contraloría, toda vez que “cuando se hacen los contratos en la administración es porque existe una necesidad y la necesidad ya estaba dada por la comunidad LGTBI, de manera que si no se utilizó hay que mirar bien sobre detrimento que se pudo haber ocasionado al Distrito”.
Según dijo el mismo Personero, el alquiler y la instalación de la tarima habría constado 45 millones de pesos al Distrito, dinero que se habría perdido ya que la estructura fue retirada sin usarse.
¿FALTÓ COORDINACIÓN EN LA ALCALDÍA?
Lo que habría ocurrido en este caso, según lo que ha dicho el Distrito, es una confusión. En su momento, el alcalde mayor, Dionisio Vélez, explicó que el Decreto 1400, sobre medidas para las fiestas, deja en claro que están prohibidos los remates de actos que se realicen durante las Fiestas de Independencia.
Con base en la medida, el Distrito de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, procedió al desmonte de la estructura.
Con respecto al presunto detrimento, un vocero del Distrito dijo que “solo se pagó al contratista la instalación de unas carpas y de equipos de sonido que sí fueron utilizados, y no el de la tarima, que debió ser desinstalada”.
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