Política


Distrito justifica traslados de rubros en proyecto presupuestal

ERNESTO TABORDA HERRERA

13 de septiembre de 2013 07:02 AM

La Secretaría de Educación quiere incorporar más de $8 mil millones que mitigarían la crisis de recursos para el funcionamiento de esta dependencia distrital.
Clara Inés Sagre, quien expuso ayer en las extras del Concejo, las razones por las cuales el proyecto de acuerdo presentado ante esta corporación para hacer unos traslados, adiciones e incorporaciones al presupuesto, justificó cada uno de los frentes de trabajo para los que se necesitan los recursos.
La funcionaria dijo que están pidiendo la incorporación de $7.100 millones para pagar con $4.046 millones los servicios de agua y luz en algunas instituciones educativas públicas.
De ese mismo presupuesto, se necesitan $3.046 millones para asegurar 56 días del servicio de vigilancia en las instituciones educativas, cuya contratación termina en noviembre.
La funcionaria dijo que la misma Secretaría incorpora a ese rubro unos $835 millones para lograr dicho monto.  
Para gastos de personal administrativo, por la diferencia del aumento salarial, se requieren $1.147 millones, y para acceso y permanencia o interventoría en contratos para el plan becario se necesitan $112 millones.
“Confió plenamente en la voluntad política de los concejales para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos en lo que resta de la vigencia fiscal 2013”, dijo la funcionaria.
Sagre Hernández, en su  balance de inversiones del presupuesto general de la Secretaría para la vigencia, dijo que se ha ejecutado un 67% en gastos de inversión y un 29% en gastos de funcionamiento.

Opinan concejales
El concejal Américo Mendoza, de ASI, llamó la atención sobre el costo de los 56 días en el contrato de vigilancia en colegios. Dijo que la Comisión de Presupuesto del Concejo, que estudia el proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo, debe considerar también comprometer vigencias futuras, como medida preventiva a lo que pasaría el año próximo cuando se suscriba un nuevo contrato de servicios de vigilancia.
“Si 56 días valen más de tres mil millones de pesos, ¿cuánto costarán dos o tres meses? Los colegios se van a quedar sin vigilancia, y cuando la Administración se quiera dar cuenta, es posible que no haya margen de maniobra, la comisión debe buscar una salida a esto”, dijo Mendoza.
Para el concejal David Dáger, muchos colegios se van a quedar sin servicios de vigilancia y aseo en enero y febrero, por ello considero que hay que buscar la forma de que los recursos alcancen hasta el año que viene.
Los concejales Antonio Salim Guerra y Alfredo Díaz llamaron la atención sobre los recursos para la infraestructura de las instituciones públicas, no  contemplados en las incorporaciones.
“Aquí se están haciendo unas incorporaciones de pobreza, una mitigación gota a gota; se requieren 26 mil millones de pesos para destinación específica que no se van a poder mover, otros 6 mil millones de libre destinación que no son nada y 13 mil millones en contracréditos”, dijo Alfredo Díaz, presidente de la Comisión de Presupuesto.
El concejal propuso que para los dos años, el Concejo debe hacer un crédito grande para la crisis vial y escolar.
Por su parte, el concejal Andrés Betancourt consideró que el Distrito debe pensar en un Plan Maestro de Educación con lineamientos metodológicos “que permita presentarle al Concejo para que no bajemos un peso en los próximos años en la Educación y no se deje la olla raspada”,
El concejal dijo que “es un delito atentar contra la plata de la Educación y de la Salud”.

Infraestructura:
Por su parte el secretario de Infraestructura, Ramón León, habló de la liberación de recursos por más de 10 mil millones de pesos, para obras de adecuación de calles y el contrato de aseo para el área de Bazurto. Estos recursos saldrán de la sobretasa a la gasolina.
El concejal David Múnera dijo que no le encuentra sentido al proyecto de acuerdo, que no es claro con la situación de los recursos que se necesitan para la construcción de los mercados sectoriales, cuando se necesita cumplir con la orden  judicial de trasladar el mercado de Bazurto en apenas dos años del gobierno Vélez.

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