Aunque para los representantes del Gobierno local, el Distrito no tiene de dónde sacar para pagar $310 mil millones por las casas derrumbadas en el barrio San Francisco en agosto 2011, por un falla geológica, un grupo de habitantes damnificados insisten en que se les paguen “al costo real”.
Antonio Corrales, Inés Naar, Valentina Torres y otros damnificados, acudieron al Concejo durante el debate a la acción de grupo interpuesta contra el Distrito, el Ministerio de Vivienda, Aguas de Cartagena y Corvivienda en la que insisten en cobrarle a estas entidades sus casas a $110 millones para cada uno los propietarios y $70 millones para los poseedores.
La multiplicación de estos valores da la elevada suma de $310 mil millones, teniendo en cuenta que las casas derrumbadas fueron unas 2.400 de 130 metros cuadrados cada una y que conformaban unas 30 manzanas.
La millonaria demanda también pretende que se les indemnice con 30 salarios mínimos legales vigentes y 30 más por graves alteraciones de las condiciones de existencia.
La razón principal es que habría existido, por parte del Distrito y el Estado, negligencia y omisión para atender a tiempo la posibilidad del derrumbe, lo que fue puesto en conocimiento por medio del Decreto 0282 de 1999 que declaró: “como Zona de Alto Riesgo el sector Las Lomas del barrio San Francisco”.
Hablan damnificados
Antonio Corrales Montenegro, habitante damnificado, dijo ante la plenaria que “antes del desastre nos sentíamos bendecidos por Dios, porque todo nos quedaba cerca, el Centro, el mercado de Bazurto, el aeropuerto; hemos sido pacíficos por 4 años, aguantando, viendo el éxodo de todos nuestros vecinos, por eso lo que queremos es que se llegue a una solución concreta en este caso”.
“Saber que todo esto pudo haberse evitado y no se hizo aumenta nuestro trauma; he visto como familias de las Lomas de San Francisco se sometieron a una disociación, quedamos en la calle; por eso lo que le pedimos al Distrito y al Estado es que nos paguen nuestras casas al precio real”, dijo Inés Mercedes Naar, damnificada.
“Fui tendera, tuve una ferretería, ahora no tengo nada. Tengo un resentimiento contra el Distrito y el Estado, y les pido a sus funcionarios que traten de solucionar el problema, no queremos reubicación ni más arriendo, queremos que nos paguen al precio real”, dijo Valentina Torres, habitante desde 1975.
La acción de grupo
El abogado apoderado de las familias, Luis Correa, expresó que “siempre hemos estado prestos a llegar a cualquier transacción, primero en aras de agilizar la solución de la calamidad pública ocurrida en el Barrio San Francisco, y segundo, para evitarle al Distrito una posible crisis financiera. Pero resalto que en San Francisco se produjo una enorme ruptura social por un típico desplazamiento forzado”.
En esa transacción o conciliación la suma bajaría de $310 mil millones a $269 mil millones
Distrito no podría pagar
Para el secretario de Hacienda, Carlos Granadillo y el jefe jurídico del Distrito, Jaime Ramírez, la Alcaldía no podría pagar esa elevada demanda, porque se llegaría a un endeudamiento del 94%. Ramírez acotó que se está en la fase probatoria de la demanda y que aún no hay nada concreto. Laura Mendoza, de la Oficina de Gestión de Riesgo, manifestó que el Distrito sí atendió y está atendiendo a los damnificados. Reveló que “se tiene un censo de 2.642 personas damnificadas pero en la acción de grupo se habla de 3.324 personas, lo cual no cuadra”. Dijo que muchas de las familias han recibido casas en Ciudad del Bicentenario y otros proyectos del Fondo de Adaptación y han recibido subsidios de arriendos del Gobierno y Distrito.
Entes y Concejo
Para el personero Distrital, William Matson y para el Contralor, Mario Feliz, las entidades demandadas, entre ellos el Distrito, podrían perder el caso.
Esto porque existiría la probabilidad de que al Distrito, Corvivienda y Minvivienda, se les imputaría una responsabilidad extracontractual, en el “régimen de falla en el servicio probada, que puede ser por acción u omisión”.
El concejal David Dáger dijo que respalda una iniciativa para ayudar a que el Distrito consiga los recursos para resarcir los derechos patrimoniales de los afectados.
“Desde 1998 Ingeominas declaró ese territorio como de alto riesgo y sin embargo, no se hizo nada. La ley es dura pero es la ley, y si el juez ordena pagar debemos cumplirle a una comunidad que ha recibido indiferencia”, dijo el concejal César Pión.
El concejal citante, Américo Mendoza, lideró con otros concejales la propuesta de que el Distrito gestione $115 mil millones de pesos que prometió el presidente Juan Manuel Santos para los damnificados de esta tragedia.
Asimismo se suscribió una proposición para crear una mesa de trabajo que permita buscar una salida concertada a esta situación.
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