Cuando se radicó el proyecto de Ley 133 en la Cámara de Representantes, el senador Iván Cepeda dijo que se trataba de una iniciativa contraria a los propósitos de los acuerdos de La Habana que contemplan una reforma agraria rural integral, y a las demandas del movimiento campesino, que exige democratizar la propiedad y modificar la actual concentración de la tierra.
Una vez conocido el texto de la ponencia para primer debate del mencionado proyecto, radicada en Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el congresista afirmó que la situación empeora y anunció que buscará bloquear la iniciativa en el Senado.
Según el legislador, “el Gobierno, busca impulsar una verdadera expropiación en contra de lo que queda del campesinado en la Altillanura y en otras zonas del país, e impulsar la contrarreforma agraria más agresiva que hayamos conocido, después del proceso de despojo a sangre y fuego que vivimos en las últimas décadas a favor de grandes empresarios”.
Cepeda dijo que el proyecto le quita al Incoder la función que tenía de redistribuir tierras, en cambio, lo encarga de conseguir las tierras que necesitarán las empresas gestoras de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), para impulsar sus negocios, a través de la compra directa de bienes privados o mediante procesos de expropiación, a los cuales se les da vía libre con el proyecto porque las Zidres se declaran de utilidad pública e interés social.
Perderían tierras
Afirmó el Senador que una vez se declare una zona del país bajo esta figura, “los campesinos que tengan la propiedad de algún predio que debido al abandono estatal no hayan podido poner a producir, y no quieran asociarse con ningún gran empresario (bajo condiciones de subordinación) perderán su tierra, pues deberán aceptar la compra directa por el valor catastral del bien muy por debajo del valor comercial que le planteará el Incoder. De lo contrario serán expropiados”.
“El Gobierno tiene una interpretación ambigua del derecho a la propiedad. Cuando se trata de grandes empresarios los reconoce y defiende, pero cuando es la propiedad campesina, despliega todos los mecanismos necesarios para eliminarla, y someter a nuevas formas de esclavitud al campesinado”, dice Cepeda.
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