El director de patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, acudió al Concejo para responder inquietudes sobre el Plan Especial de Protección de murallas y fortificaciones.
Al debate también asistieron el secretario de Planeación, Iván Castro; la oficina jurídica del Distrito, Curaduría Urbana, la Gerencia de Espacio Público, la dirección de Patrimonio del IPCC, la Escuela Taller de Cartagena y Camacol Bolívar.
Escobar manifestó a la plenaria que el documento PEMP es responsabilidad del ente territorial al que pertenece y que actualmente se encuentra disponible en la página web de la Escuela Taller donde desde el programa de Fortificaciones se hace cumplimiento. “Una de las anotaciones más importantes es que el PEMP no modifica el POT del 2001, porque se trabajó en coordinación con el Distrito.”
Agregó que el plan fue creado para que las fortificaciones sean un espacio de visita y encuentro para los cartageneros y visitantes. “Cada peso que entra por concepto de turismo, bodas o eventos a los baluartes y monumentos es utilizado para el mantenimiento de estos espacios”. El funcionario alertó que la amenaza más grande del Centro Histórico son las construcciones en el área de influencia.
A su turno, el concejal César Pión, conceptuó que: “No entendemos por qué el ministerio realiza dos planes, murallas y Centro Histórico, si la ciudad es una sola. Nuestras dudas se presentan porque este PEMP protege unas zonas y tiene desaciertos en otras. La ciudad debe manejar, recaudar e invertir sus propios recursos generados por bienes de interés cultural y patrimonio. Solicitamos mayor comunicación del Gobierno Nacional porque el Concejo es la junta directiva de Cartagena y debe participar en este tipo de discusiones”.
Para David Caballero, conservador, “no debe oponerse al desarrollo urbanístico de la ciudad, pero que en este momento sí está afectando porque está impidiendo que en barrios como Manga, los constructores no puedan hacer edificaciones de gran altura”.
Por su parte el concejal Rodrigo Reyes expresó inconformidad por cuales han sido los parámetros que se tienen en cuenta con algunos empresarios que ocupan espacio público versus comerciantes informales que se ganan la vida en la zona turística. “La ley debe ser la misma para todos, yo preguntó cuánto pagan al Distrito aquellos que usan los baluartes y las plazas para expandir sus negocios, en comparación con aquellos comerciantes informales que llevan el sustento diario a sus casas y que son perseguidos y correteados porque no deben estar en esas áreas”, dijo Reyes.
El concejal Oscar Marín interpeló al Ministerio de Cultura y a Planeación por no tener en cuenta al Concejo.
“Nosotros como coadministradores de la ciudad, tenemos todo el derecho a conocer lo que contiene ese documento, pero todo se ha hecho a nuestras espaldas”.
Comentarios ()