El Concejo de Cartagena regresa hoy a su tercer periodo de sesiones ordinarias del año, con 18 concejales, en medio de la peor crisis de sus historia, debido a los llamados de la Fiscalía General de la Nación, en la que apunta a que varios de sus miembros están inmersos en acciones penales contra la administración pública.
La génesis de la crisis político-administrativa se remonta a diciembre de 2016, cuando la Fiscalía llamó al joven concejal conservador Jorge Useche Correa por presuntos delitos electorales en la operación “Bolsillos de cristal”. En esta, el ente acusador habló de dádivas u ofrecimientos a cambio de arreglar la votación para poder acceder a las curules. El remezón tocó a dos registradores, a miembros de su familia y a varios políticos y empresarios locales.
En “bolsillos de cristal” también se tocaron contrataciones con presuntas irregularidades que tocaron a miembros de la familia del concejal Américo Mendoza.
Por primera vez, la Fiscalía hacía uso de una herramienta que sería contundente en sus investigaciones: la revelación de interceptaciones telefónicas.
Estas interceptaciones, que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez ha dicho que se trata de cerca de 71 mil registros solo para Cartagena, marcarían el derrotero para futuras investigaciones por venir, que socavaron a más de una institución y a sus miembros en Cartagena.
La Heroica I II
El primer caso de Useche dio pie para un segundo caso: la operación La Heroica I.
El tema central era las irregularidades en torno a la elección de Nubia Fontalvo como contralora.
Así la operación Heroica 1 que estalló el 2 de agosto quedaría para la historia de la ciudad. En ella fueron capturados el concejal Jorge Useche y el alcalde Manolo Duque, ambos detenidos en una cárcel de Sabanalarga de manera preventiva mientras avanza un juicio por varios delitos entre ellos cohecho, concierto para delinquir.
Por los mismo hechos está detenida la propia contralora Nubia Fontalvo, y el primo del alcalde José Julián Vásquez, al que la fiscalía tilda del “poder detrás de la sombra” en la Alcaldía. Pero ligado esta operación estalló La Heroica II.
El 20 de septiembre de este año la fiscal seccional 53, Liliana Margarita Velásquez, radicó una solicitud de formulación de imputación y medida de aseguramiento en el Centro de Servicios Judiciales Benkos Biohó contra 8 concejales y un exconcejal por haber incurrido presuntamente en el delito de cohecho la elección de Fontalvo. Se trata de los concejales Angélica Hodeg, Édgar Mendoza, Erich Piña, Américo Elías Mendoza, Javier Curi, Antonio Salim Guerra, Duvinia Torres, Luis Javier Cassiani y el exconcejal Zaith Adechine.
Asimismo la Fiscalía anunció que el veterano concejal David Dáger, deberá presentarse el 4 de octubre a una audiencia de imputación de cargos solicitada por la Fiscalía, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos por la contratación de mínima cuantía de la firma Neurominds, que realizó los exámenes para elegir contralora y personero en diciembre de 2015.
Estos hasta ahora son los casos que tienen enredado al Concejo que hoy vuelve para su tercer periodo ordinario de sesiones, mientras sigue como alcalde encargado Sergio Londoño Zurek.
Opinan sectores
Diversas voces desde el Consejo Gremial, Funcicar, dirigida por Carolina Calderón como veedores del Concejo, así como la sociedad civil han pedido la renuncia no solo del alcalde Manolo, sino de los concejales implicados en estos escándalos. Aunque para muchos de los abogados defensores los delitos no están demostrados porque las pruebas “no son contundentes” según ellos y no amerita que haya cárcel preventiva para los actuales detenidos, la crisis gubernamental del Distrito se siente.
“Hay un sentimiento colectivo de indignación y repudio a la clase política debido a la situación jurídica del alcade y varios de los concejales, considero que lo mejor no es hacer leña sobre los árboles caídos, sino por el contrario asumir el liderazgo político y social para plantear soluciones integrales a los problemas de Cartagena, que frente al resto de ciudades de la región nos encontramos en un sitial de atraso.
Cada Concejal de acuerdo a su situación jurídica y política debe hacer un autoexamen y tomar decisiones trascendentales que beneficien a la Ciudad”, expresó Juan Camilo Romero, abogado y analista político.
“Es culpa de las élites”
“La crisis del Concejo de Cartagena no es ajena a la crisis que están viviendo las instituciones democráticas en el país, donde se evidencia que la responsabilidad de todos nuestros males democráticos no era por los actores armados sino de una élite política que ha manejado al país. El silencio de los fusiles ha permitido escuchar el estruendoso ruido de la corrupción”, dijo el líder Carlos Castillo. “Con una clase empresarial controlando el territorio, una clase política permeada por la corrupción y una sociedad civil débil y dispersa no es raro que el Concejo este sumido en una crisis que no es de ahora”, agregó Castillo.
Ante los ruidos de corrupción en entidades como los tribunales, concejos, alcaldías, Senado, entre otros, algunos sectores apuntan a que “la Fiscalía lo que busca es mostrar resultados positivos”.
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