Por: Alfonso Ospina Torres
En tres semanas Juan Manuel Santos y el equipo de la Unidad Nacional le dieron un vuelco al desastre electoral que sufrieron en la votación de primera vuelta para elegir al presidente de la República.
Lo hicieron combinando dos estrategias: insistiendo en el discurso de que el país está ante una oportunidad histórica de alcanzar la paz con las guerrillas y moviendo todas las maquinarias políticas a su alcance, buena parte de las cuales no fueron utilizadas o sirvieron a intereses distintos en la pasada cita electoral.
La primera de ellas se ha convertido en un plebiscito: la mayoría de colombianos que hace pocos años querían el exterminio militar de cualquier fuerza insurgente, hoy se han expresado con claridad en favor de una salida negociada para acabar la guerra y de darles oportunidad política a los máximos dirigentes de las FARC y del ELN.
Bajo esos postulados Santos logró reunir a la más extraña de las coaliciones vistas en el pasado reciente en la política colombiana: liberales, facciones de conservadores, industriales, comerciantes, financieros, artistas, líderes de izquierda, voceros del centro, intelectuales, gamonales, caciques políticos, todos decididos a respaldar un segundo mandato presidencial que ahora ha quedado con una sola obligación: firmar los acuerdos de terminación del conflicto en el menor tiempo posible.
Pero no solo ese mantra repetido tantas veces por tantas voces explica la reversión de la tendencia electoral y la victoria final del candidato-presidente. Fue necesario acompañarlo por las más básicas de las unidades políticas: la llamada maquinaria. Y de todas las tendencias: en Bogotá, por ejemplo, los petristas radicales, los jóvenes de estratos altos y los votos de opinión del centro-izquierda, movidos respectivamente por funcionarios del alcalde mayor, Gina Parody y Clara López.
La misma fórmula usada en la capital (donde pasó de una derrota estruendosa a una victoria amplia) le sirvió, con los dirigentes adecuados de cada región, para consolidar las ventajas en sus fortines: el Valle del Cauca y, especialmente, la Costa Caribe y para disminuir la brecha en donde era más débil: Antioquia, el Eje Cafetero y los Llanos Orientales.
El éxito o el fracaso del segundo mandato de Santos Calderón dependerá de que sea capaz de cumplir los compromisos que firmó para obtener esta angustiosa victoria electoral y, en mayor medida, de que entienda que casi la mitad de los votantes colombianos escogieron una propuesta de gobierno radicalmente distinta a la suya o se decantaron por protestar con el voto en blanco, pese a saber que tal expresión no tenía efectos políticos reales en esta oportunidad.
Y ante esas obligaciones aparecen amenazas. En el caso del ‘plebiscito’ por la paz, porque los colombianos no estarán dispuestos a esperar otros cuatro años para llegar a un final convincente del diálogo con las guerrillas. Esa premura puede jugarle en contra al presidente, si es que debe ajustarse al plazo corto cediendo a unos intereses de los negociadores subversivos que luego no sea posible ratificar por los ciudadanos en otra votación popular.
Pero la amenaza mayor está representada en el costo que tendrá que pagar por haber movilizado a tantas y tan diversas maquinarias políticas. Bien es sabido que en política toda adhesión tiene un precio. Nadie entendería que ese costo se tradujera en un gobierno amarrado por compromisos preestablecidos o que sea incapaz de cerrar a presión los tarros de ‘mermelada’ que tantas críticas despertaron. La corrupción, no debe olvidarlo el reelecto presidente, es un enemigo de los colombianos, tanto o más odioso que los grupos ilegales con los que seguramente firmará un punto final.
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